La manifestación de este pasado sábado convocada por Sare en apoyo a los presos de ETA dejó una imagen que ha dado mucho de que hablar. La de la actriz vasca, Itziar Ituño -conocida recientemente por dar vida a Lisboa en la serie 'La casa de Papel'-, al frente de esta movilización. Una escena que no solo le ha costado su relación con el concesionario BMW Lurauto, el principal de esta marca en Euskadi; sino que también le ha convertido en una diana contra la que cientos de personas han dirigido insultos y amenazas a través de las redes sociales.
Ante esto, el portavoz del Ejecutivo vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha valorado de "inadmisibles" este montón de acusaciones, amenazas e insultos que en los últimos días han circulado en contra de la actriz vasca. Quien, como ha insistido Zupiria, participó en una protesta que "cumplía con todos los requisitos que impone la legalidad" y dentro de su "derecho a la manifestación y a la libre expresión de sus ideas y opiniones". Unos derechos que, a juicio del portavoz "deben ser salvaguardados y garantizados por encima de todas las cosas".
"Se están viviendo situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la convivencia democrática y se manifiestan mediante comentarios anónimos o insultos en las redes sociales que pueden afectar en la convivencia democrática de nuestra sociedad", ha considerado.
Por otra parte, en referencia a la decisión del concesionario BMW Larauto, el consejero ha insistido en que ante todo lo relacionado al ámbito de contratación privada entre empresas y entre empresas y personas, el Gobierno vasco "no tiene nada que comentar".
Sucesos similares
Asimismo, Zupiria ha recordado que en las últimas semanas se han dado situaciones similares a las de Ituño, tanto en Madrid como en San Sebastián. La primera, en referencia a los insultos contra María Goiricelaya, la directora de la obra de teatro 'Altsasu', inspirada en los hechos ocurridos en esta misma localidad navarra en octubre de 2016. Una obra que Vox para retirar.
La otra situación a la que se ha referido el portavoz del Gobierno ha sido la del letrado Juan Ignacio López Lera, quien a inicios de este enero recurrió el requisito del perfil B2 de euskera para acceder a dos plazas de la Policía Municipal de San Sebastián. Una decisión por la que ha sufrido numerosos insultos y amenazas por parte de quienes están en contra de esta sentencia.
Por todo esto, Zupiria ha considerad que toda crítica es "democrática" y "legítima", siempre y cuando se produzca "dentro de en unos marcos democráticos razonables". "Cuando la crítica se convierte en insulto y amenaza no tiene cabida en nuestra sociedad. Debemos defender firmemente el derecho al desarrollo de la actividad profesional que tienen las personas y el derecho a la libertad de expresión y manifestación que tiene la ciudadanía siempre que se produzca de forma normal y legal", ha sentenciado.
Además, tras la ruptura con el concesionario vasco, la aerolínea Iberia, que no ha compartido ningún comunicado oficial, sí ha borrado algunas de las publicaciones en las que Ituño aparecía como parte de las campañas publicitarias en las que la actriz vasca habría participado con anterioridad.
Por otra parte, desde Sare han mostrado su "soliradidad" con la actriz vasca ante lo que, según la red en apoyo a los presos de ETA es "la enésima campaña de criminalización" que Ituño está sufriendo desde que participó en la movilización del sábado.
El apoyo de Sare
Sare también ha difundido un comunicado en el que señala que "hoy la criminalización por participar en la manifestación" del sábado en favor de "los derechos que asisten a los presos vascos y también con el objetivo de trasladar el apoyo y la solidaridad a las víctimas de las distintas violencias, le ha tocado a la actriz Itziar Ituño".
"Ayer, fue Joxe Mari Agirretxe 'Porrotx'. Mañana, puede ser cualquier otra persona que quiera hacer uso de su derecho de manifestación, opinión o expresión", ha criticado Sare en un comunicado donde ha apelado a las instituciones públicas a "posicionarse ante situaciones que afectan a derechos fundamentales".