Imagen de alguien dentro de la cárcel. / Pexels (Donald Tong)
Los funcionarios de prisiones y el siniestro punto de mira de ETA
Un informe oficial del Gobierno vasco denuncia el sufrimiento de estos trabajadores públicos y reclama para ellos "dignidad, memoria y justicia"
17 julio, 2024 05:00Noticias relacionadas
Siempre señalados, siempre amenazados y casi siempre olvidados. Guarecidos ante un siniestro punto de mira. Los funcionarios de prisiones fueron objetivo directo de ETA durante décadas. Sufrieron lo indecible. No por casualidad la mayoría de estos trabajadores de las cárceles vascas viven todavía fuera de Euskadi. Ahora, el Gobierno vasco intenta restituir en alguna medida la memoria de todo ese sufrimiento ocultado.
El Ejecutivo autonómico presentaba este martes en Donostia el 'Informe sobre la injusticia padecida por el funcionariado de centros penitenciarios como consecuencia de la amenaza de ETA (1980-2011)', encargado por la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno vasco al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe Universidad de Deusto.
Tal y como informa Europa Press, el documento recoge que "todos los funcionarios de prisiones, sin excepción, vieron gravemente vulnerados sus derechos y fueron víctimas y objeto de la amenaza de ETA" y que todos ellos, "sin excepción", merecen "verdad, memoria y reconocimiento".
Imagen de archivo de alambre de espino en el exterior de una prisión.
Así las cosas, este documento con el sello de Lakua reivindica "un relato justo de lo ocurrido que ponga en primer término el sufrimiento injusto padecido por las víctimas como forma de alcanzar un proceso de empatía con las mismas".
"Intensidad"
El informe, presentado este martes por director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Gorka Urrutia, en la segunda jornada del curso de verano de la UPV/EHU 'Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco', no tiene desperdicio. Y señala que el funcionariado de prisiones fue uno de los colectivos que sufrió la amenaza de ETA y que "esto se vivió con mayor o menor intensidad en función del lugar de trabajo de estas personas, pero en ningún caso dejaron de ser objetivo" de la organización terrorista.
Las circunstancias "condicionaron la vida de estas personas" y la "amenaza era más visible" en los tres centros penitenciarios vascos. "Esta situación vivida supuso una anomalía perversa por cuanto conculcó numerosos derechos fundamentales de las personas, reconocidos como imperativos, irrenunciables e inalienables por todos los ordenamientos jurídicos democráticos tanto a nivel doméstico como internacional", apunta el documento.
Los autores han podido comprobar a través de los testimonios recogidos que ser objetivo directo de ETA iba acompañado de "amenazas directas e indirectas". Unas amenazas que, con su prolongada acción en el tiempo, "dejaron un poso emocional en forma de estrés permanente o postraumático en la mayor parte de estas personas".
Un informe, en suma, que intenta hacer justicia a un colectivo perseguido, hostigado y marginado durante demasiados años. Frente al siniestro punto de mira, memoria, por fin, para los funcionarios de prisiones.
Todos los crímenes contra los funcionarios de prisiones.
No sólo fue el secuestro de Ortega Lara. El documento recoge que el 14 de octubre de 1983 ETA asesina a Alfredo Jorge Suar Muro, médico pediatra y doctor del centro penitenciario de El Puerto de Santa María, primera víctima mortal vinculada a los centros penitenciarios. Unos días después ETA emite un comunicado en el que asume su responsabilidad y extiende la amenaza a todo el funcionariado de prisiones.
Después de este asesinato el colectivo de funcionarios de prisiones sufrió varios atentados más y varias personas resultaron asesinadas desde 1983 hasta el año 2000. El 11 de agosto de 1989 Conrada Muñoz Herrera, madre de un funcionario de prisiones, fue asesinada por la explosión de un paquete bomba camuflado en un libro que iba dirigido a su hijo en Montillana (Granada). La explosión también hiere a otro de sus hijos y a una sobrina.
El 13 de marzo de 1990 Ángel Jesús Mota Iglesias, funcionario del centro penitenciario de Martutene, es tiroteado mortalmente en la calle con su hijo recién nacido en brazos, mientras aguardaba que su mujer cerrase la tienda que regentaba en San Sebastián.
El 28 de junio de 1991 Manuel Pérez Ortega, funcionario de prisiones, es asesinado por la explosión de una bomba, en la cárcel de Sevilla, que iba dirigida a su director Javier Romero Pastor. En este atentado murieron además dos internos (Donato Calzado y Jesús Sánchez Lozano) y Raimundo Pérez, familiar de otro interno. Resultaron heridas otra treintena de personas.
El 22 de enero de 1993 el funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo es tiroteado en San Sebastián mientras iba de camino a su trabajo, y el 11 de marzo de 1997 Francisco Javier Gómez Elósegui, psicólogo funcionario de la cárcel donostiarra de Martutene, es asesinado de un disparo en la nuca cuando salió de su domicilio camino de su trabajo.
El 22 de octubre de 2000 una bomba colocada en los bajos de su vehículo en el garaje de su vivienda en Vitoria estalló nada más arrancar, provocando la muerte del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera.
Además de los atentados con víctimas mortales, ETA cometió más atentados con el fin de asesinar a otras personas funcionarias de prisiones. Así, el 17 de abril de 1997 atentó contra Juan José Baeza en Errenteria y el 3 de junio de 1997 contra Francisco Camacho en Granada.
Sin embargo, uno de los atentados que mayor impacto tuvo en el colectivo del funcionariado de prisiones y en la sociedad en general fue el secuestro de José Antonio Ortega Lara el 17 de enero de 1996. El funcionario estuvo retenido por ETA durante 532 días y la principal reivindicación exigida por ETA para su liberación fue la reagrupación de sus presos en cárceles vascas, así como la finalización de la política de dispersión.
La extensión en el tiempo del secuestro de Ortega Lara supuso "un golpe muy duro" para el conjunto del funcionariado de prisiones, que durante este tiempo realizó innumerables movilizaciones para reclamar su liberación. ETA tuvo retenido a Ortega Lara hasta el 30 de julio de 1997, fecha en la que un operativo de la Guardia Civil consiguió dar con los secuestradores y el lugar en el que estaba secuestrado, liberándolo del cautiverio.
