La 'patata caliente' del PSE con los presos: Sare ya presiona a la consejera de Justicia

No ha comenzado septiembre, ni siquiera el nuevo curso político y el Gobierno vasco ya tiene sobre la mesa un asunto delicado a tratar. Esta misma semana, la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, se dirigía al departamento de Justicia del Gobierno vasco para desear que la "positiva y normalizada" relación que ha existido hasta ahora entre ambas partes, continúe siéndola después del traspaso de la cartera de Justicia del PNV al PSE. 

Y es que con la conformación del nuevo Gobierno vasco, el departamento de Justicia y Derechos Humanos ha cambiado de color político y, al frente, se encuentra ahora la socialista María Jesús San José. Teniendo en cuenta este cambio, desde Sare han pedido a los nuevos gestores de la política penitenciaria en Euskadi que "mantengan una actitud proactiva, siempre dentro de los límites legales, para buscar soluciones creativas enfocadas en el cumplimiento de las penas que apuesten por el régimen abierto". 

Asimismo, han dejado claro que piden al departamento de Justicia lo mismo que han exigido hasta el momento: la aplicación a los presos de ETA de una "política penitenciaria ordinaria, sin privilegios, pero sin excepciones". "El mismo trato, los mismos criterios que se aplican al resto de presos", señalaban los portavoces de Sare.

Manifestación convocada por Sare en Donostia para exigir la excarcelación de los presos de ETA / JAVIER ETXEZARRETA - EFE

"Leyes de excepción"

Además, otra de las exigencias que plantean a la nueva consejera de Justicia es que se eliminen las leyes de excepción porque consideran que estas leyes "se aprobaron en tiempos que nada tienen que ver con los que vive la sociedad vasca". "Estas leyes de excepción, que afectan tanto a materias estrictamente de Derecho Penal como a materias relacionadas con el cumplimiento de la pena, imponen criterios contrarios a las percepciones avanzadas del Derecho Penitenciario", sostienen en un comunicado. 

Amparándose en que en mayo tuvo lugar el sexto aniversario de la disolución de ETA y el próximo mes de octubre se cumplirán 13 años del fin de su actividad armada, creen que no hay que mantener la legislación de excepción, "en una época en la que no cabe alegar amenaza alguna". "Ello se justificó en su momento por lo que se denominó como necesidades de la lucha antiterrorista y la defensa del Estado de derecho, rompiendo con la lógica integradora y reparadora de las penas en un Estado Democrático. Superada aquella situación, ¿qué cabe alegar, a deshora, hoy en día, sin violencias o amenazas, para su mantenimiento? Ya solo quedan los réditos políticos en la pugna de la derecha política y judicial por el poder, lo que trae como consecuencia la sustitución de la justicia de equidad por la venganza y la revancha", dicen desde Sare.

Así, la nueva consejera de Justicia, María Jesús San José, tiene por delante este asunto —uno de los más sensibles del departamento— con las exigencias de Sare sobre la mesa. En la pasada legislatura, el PNV estaba al frente y, entre otras cuestiones, se puso fin a la dispersión de etarras tras el traslado de los últimos cinco a cárceles vascas en marzo de 2023. Ahora, habrá que ver cómo actúan los socialistas, a quienes se predispone 'menos laxos' en este sentido, y ver cómo responden a las peticiones de la red de apoyo a los presos de ETA.

32 terceros grados 

La red de apoyo a los presos ha hecho balance sobre el número de terceros grados que el Gobierno vasco ha concedido en el último año a reclusos de la organización terrorista: un total de 32, de los cuales seis fueron recurridos por la Fiscalía. 

Según los datos que han facilitado, actualmente 148 etarras condenados siguen en la cárcel, 142 en prisiones de Euskadi y Navarra y seis en Francia. Desde Sare han informado de que las juntas del tratamiento de los centros penitenciarios vascos han propuesto 34 progresiones a tercer grado, de las cuales 32 han sido aprobadas por el Gobierno vasco.