Justicia destinará más ayudas a las asociaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo

El departamento de Justicia y Derechos Humanos dispondrá en 2025 de 359,6 millones de euros, un 5,7% más que este año. 

Según la consejera de este departamento, María Jesús San José, estos presupuestos están destinados a "fortalecer el servicio público de la justicia, garantizar el modelo vasco de gestión penitenciaria, y favorecer una memoria crítica con el pasado que contribuya a construir una cultura democrática completa". 

Entre las novedades, destaca la creación de una Dirección de Servicios Penitenciarios "para mejorar la gestión de los recursos y para reforzar los programas de reinserción social". 

En este sentido, también pretenden fortalecer la Agencia Vasca de Reinserción Social Aukerak, que dispondrá de un 2,6% más de recursos, lo que permitirá ampliar los programas de formación y empleo para las y los internos.

Más subvenciones para las asociaciones de víctimas 

Otro de los puntos significativos es que se van a incrementar las subvenciones a las asociaciones de apoyo a las víctimas, entre un 9 y un 10% y, en el caso de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, un 18%. 

El Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) tendrá menos recursos porque, según ha señalado la consejera, la pasada legislatura se realizaron fuertes inversiones en edificios y no hay prevista ninguna inversión más en el corto plazo.  

"Gogora tendrá un nuevo sentido y contará con más recursos que nunca para implementar políticas activas que deslegitimen toda forma de violencia y fomenten una memoria crítica que apoye la convivencia", ha asegurado San José. 

También se prevé una partida de 250.000 euros para el desarrollo del proyecto del Memorial 3 de Marzo de Vitoria, a los que se suman otros 40.000 por la participación de Gogora en su Fundación que se prevé que se constituya en unas semanas.

Acceso a la justicia a los más vulnerables

Desde el departamento dirigido por María Jesús San José destinarán 21,2 millones de euros a la justicia gratuita para garantizar el acceso a la justicia a personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.

También se reforzará el programa Zurekin para mujeres víctimas de violencia de género o sexual, y se crearán nuevos programas de apoyo para menores infractores, básicamente migrantes sin arraigo y mujeres menores.

En lo que se refiere a materia lingüística, San José se compromete a garantizar formación en euskera para todos los colectivos de justicia y apoyar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en un proyecto piloto para la celebración de juicios en euskera, algo que partidos como Bildu reclaman.