Alumnos en aula / EP
El Parlamento vasco aprueba equiparar los salarios de la educación concertada y la pública
- A través de la modificación de un artículo de la Ley de Presupuestos de este año, se implementa una partida extraordinaria de 67 millones de euros
- Más información: La mitad de los alumnos vascos estudian en centros concertados o privados
El Parlamento vasco ha aprobado equiparar los salarios del profesorado de la educación concertada y la pública. Se ha llevado a cabo a través de la modificación de un artículo de la Ley de Presupuestos de este año que permite implementar una partida extraordinaria de 67 millones de euros para hacerlo posible.
La modificación ha salido adelante con los votos a favor del PNV, PSE-EE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu y el voto en contra del único parlamentario de Sumar.
Los pagos a realizar al personal de la red concertada corresponden a los ejercicios 2023 y 2024 y se abonarán con carácter retroactivo. Se habilitarán 50,1 millones de euros para la red de Kristau Eskola y 16,8 millones para ikastolas y el resto de centros.
Los socios del Gobierno vasco —PNV y PSE-EE— han asegurado que el profesorado de la concertada y la pública "tienen las misma labores y exigencias" y que, por lo tanto, "los salarios también deben serlo".
La parlamentaria del PSE-EE, Susana Corcuera, ha insistido en que existe un "consenso mayoritario" sobre esta medida y, por su parte desde el PNV, Alaitz Zabala ha señalado que al Gobierno vasco un "control exhaustivo" para que la financiación cumpla el objetivo marcado y ha defendido que esta medida es "un paso más hacia la gratuidad total de la educación vasca".
Como explicó hace unas semanas la consejera de Educación, Begoña Pedrosa —quien no ha intervenido en el pleno del Parlamento vasco—, este proceso se enmarca en el mandato legal, tanto de la Ley Orgánica de Educación (2006) de posibilitar dicha equiparación como de la Ley de Educación de Euskadi (2023) de garantizar la prestación de una enseñanza gratuita en los niveles correspondientes y de calidad a través de los centros financiados con fondos públicos.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en el Parlamento vasco / ADRIÁN RUIZ HIERRO - EFE
"Documentación pobre"
Aunque críticos con las formas, tanto el PP vasco como Vox han apoyado esta modificación. Desde ambas formaciones han insistido en que están de acuerdo con esta equiparación, pero creen que el Gobierno vasco "ha forzado la máquina al máximo".
"Con las prisas de cumplir los plazos, la documentación que soporta esta modificación es pobre. Los problemas no se solucionan con chapuzas legislativas", ha señalado el parlamentario popular, Álvaro Gotxi.
Al otro lado Sumar, que se opone "rotundamente" a esta actuación. Su parlamentario, Jon Hernández, ha explicado que no comparten el modelo educativo actual porque consideran que es "un sistema dual y segregador" y consideran que esta medida "no garantiza la igualdad y la equidad".
Además, ha reprochado que se mantenga la red privada con dinero público. "Quieren salvarle la papeleta a la educación concertada-privada", ha manifestado.
Por su parte, Bildu se ha abstenido y han explicado que la razón es porque, en general, piensan que es una "buena medida", pero han señalado que "no todos los centros concertados son iguales". "No todos tienen el mismo compromiso con la euskaldunización, la transparencia, la laicidad o la inclusión", ha asegurado Ikoitz Arrese.
