Tras muchas negociaciones y con la incertidumbre hasta el último momento, Podemos y PSOE han llegado a un acuerdo por el que la formación morada apoyará el paquete fiscal del Gobierno central a cambio, y esta es la clave, de un impuesto a las energéticas.
De este impuesto, que en principio finaliza el 31 de diciembre, se ha hablado largo y tendido. Mientras que partidos como Podemos, EH Bildu o ERC son partidarios de que se prorrogue, PNV y Junts están en contra de esta medida.
Al igual que a las empresas energéticas tampoco les gusta la medida. En un comunicado aseguran que este impuestazo pone en riesgo 30.000 millones de euros en inversiones durante los próximos tres años.
De manera conjunta, Repsol, Moeve, BP, Iberdrola, Endesa, Naturgy, TotalEnergies y EDP, denuncian que prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético "dificultarán la materialización de las inversiones", así como "el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos".
Sede de Repsol/ EP
Críticas del PNV
Si en un primer momento parecía que el PNV salía victorioso cuando un reciente acuerdo con el Gobierno central fijaba que no habría impuesto a las energéticas y Euskadi gestionaría el gravamen a la banca, ahora parece que la situación ha cambiado.
Desde el PNV se han mostrado siempre críticos con la prórroga de este gravamen. A juicio del lehendakari, Imanol Pradales, "no son la manera más adecuada de favorecer que se desarrolle industrialmente el tejido en un país" y ha asegurado que, en el caso de prorrogarse, el Gobierno vasco exigiría "que se incluyan en el concierto vasco".
Por su parte, desde el lado empresarial, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha defendido los intereses de las energéticas y ha cargado contra este impuesto. El expresidente del PNV advertía de que "el populismo fiscal" comprometería el futuro de la industria en España y que "su cobertura social tendría dificultades para sostenerse en el futuro".
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados junto a miembros del Gobierno central / FERNANDO VILLAR - EFE
¿Cómo queda el impuesto?
El acuerdo recoge constituir una comisión negociadora en la que participarán todos los partidos políticos que apoyarían la norma —PSOE, Sumar, PNV, ERC, Bildu, Junts, BNG y Coalición Canaria para impulsar una proposición de ley que contenga un impuesto para las empresas energéticas.
En el caso de que no se llegase a un consenso antes de que finalice el año, el Gobierno central prorrogaría el actual gravamen un año con real decreto ley, de manera que afecte a 2025 y no decaiga.
Además, el futuro impuesto tendrá que ser compatible con lo acordado con Junts de no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización.