Los promotores del casoplón de 11 baños tratan de frenar la demolición dictada por la Justicia

Los promotores del polémico casoplón de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo tratan de frenar la demolición ordenada por la Justicia. La familia Garrastazu ha pedido “un complemento de la sentencia” dictada el pasado 17 de enero por el Tribunal Superior vasco, que ordenaba el derribo del palacete.

Los promotores cuestionan la legitimidad en el pleito judicial de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, el colectivo que llevó a los tribunales hace ya 10 años la construcción del casoplón. La familia Garrastazu considera, en un escrito presentado al Tribunal Superior el pasado 30 de enero, que dicha federación ha actuado de manera contraria “a la equidad, a la buena fe y a los derechos” de ellos y por ello ya ha argumentado varias veces durante este largo pleito que no podía actuar como denunciante.

Pero esta pretensión ya fue rechazada en 2021 por el juzgado de lo contencioso administrativo de San Sebastián en la sentencia que, sin embargo, no vio ilegalidades en la construcción del palacete que ahora ha sido revocada por el Tribunal Superior.

Fuentes jurídicas atribuyen el escrito de los promotores como una manera de ganar tiempo antes de la previsible interposición de un recurso de casación. Como ha informado este blog, el fallo solo contempla un recurso ante el mismo tribunal, sin posibilidad de acudir a otras instancias como el Supremo. Por ello, es muy complicado que la sentencia, ya contundente de por sí, se pueda modificar.

En su fallo el pasado 17 de enero, el Superior certificaba la ilegalidad de la reconstrucción del palacete (en un alto del municipio guipuzcoano de Aia) en un lugar diferente al del caserío original (en concreto, a unos 200 metros) por contravenir la ley vasca de Suelo y declaraba también nulas las obras de urbanización acometidas. Por ello, ordenaba “la reposición de los terrenos al estado anterior a dichas obras”.

Además, se declaraban nulos hasta cuatro decretos y acuerdos del Ayuntamiento de Aia que autorizaron tanto la construcción como las obras de urbanización del casoplón en 2013, 2015 y 2017. La familia Garrastazu aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor:469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko y de la Diputación de Gipuzkoa.

En su sentencia, el Superior señalaba que hay un incumplimiento claro de la ley vasca de Suelo, ya que “la reconstrucción de los caseríos se debe llevar a término allí donde se encuentra la estructura edificada que permita identificarlos como tales”. En este caso, se sitúa a cerca de 200 metros. Pero tanto el ayuntamiento como los promotores han sostenido en todos los litigios judiciales que el hecho de ubicarse a esa distancia no lo invalida.

“No existe ninguna otra posibilidad legal de reconstruir un caserío en suelo no urbanizable en el que no hubiera habido una edificación previa”, rebatía la sentencia. Y agregaba que los caseríos pueden reconstruirse en suelo no urbanizable “siempre que se trate del mismo lugar en el que están ubicados”.

Por ello, concluía que la licencia para reconstruir en lugar distinto del que ocupaba el caserío “es, en consecuencia, nula de pleno derecho, conforme a lo previsto en el art. 47.1.g) de la Ley 30/2015, pues contraviene directamente el régimen de reconstrucción de caseríos previsto en el art. 30.2” de la ley de Suelo vasca.

El Superior señalaba que la nulidad de la edificación del palacete conlleva la ilegalidad de las obras de urbanización, que también fueron denunciadas en los tribunales. “Como consecuencia lógica, si no existe cobertura legal para ubicar el caserío en un lugar distinto, pierden su objeto las licencias administrativas relativas a los accesos al mismo”.

Además de la demolición, el Superior ordenó la apertura de un expediente sancionador urbanístico que afectaría tanto a los promotores como a los cargos y técnicos municipales que han intervenido.

Los promotores se enfrentan a un perjuicio económico de casi 4 millones de euros. Según fuentes jurídicas consultadas, la multa se puede elevar a 2,4 millones, a lo que se agregan otros 150.000 euros del derribo y la restitución del terreno a su estado. El perjuicio se acercaría a los 4 millones de euros, con los 1,4 millones de euros que se calcula han costado las obras del palacete.

En estos diez años de pleitos se han conocido una quincena de irregularidades en este caso, desde el oscurantismo municipal, un rocambolesco expediente sancionador que se resolvió sin practicar pruebas y una licencia fantasma que apareció cinco años después hasta un informe de la Ertzaintza que confirmaba las irregularidades urbanísticas que fue obviado por un juzgado o los cinco imputados que quedaron exonerados por pararse la investigación judicial.

Además, el Tribunal Superior vasco tiene pendiente desde hace un año decidir sobre otra presunta ilegalidad del casoplón. En concreto, si el Ayuntamiento de Zarautz (colindante al de Aia) actuó ilegalmente a favor de palacete al conceder en 2015 la licencia de agua. El Consistorio se negó siquiera a debatir el asunto en junio de 2020 y una concejal del grupo de Podemos Equo Berdeak llevó el rechazo municipal a debatirlo a los tribunales. Es un tema que implica al entonces y todavía alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.