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Euskadi y su 'deuda' con la Transparencia: la ley en curso incluye multas de 400.000 euros a empresas
En la pasada legislatura hubo hasta tres intentos para aprobar la Ley de Transparencia. Ahora, el texto está ya en el Parlamento vasco para su aprobación
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Iñigo Urkullu se despidió del cargo sin ella. Tras tres intentos fallidos, el exlehendakari y su equipo de Gobierno no lograron sacar adelante la Ley de Transparencia en la pasada legislatura.
Esta era una de las grandes apuestas del anterior Gobierno vasco porque Euskadi es —junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley que regule la transparencia en la administración.
Una norma que se ha atragantado, pero que por fin parece que ve la luz. El Gobierno de Pradales ha recogido el testigo del anterior Ejecutivo y el pasado mes de mayo remitió el texto al Parlamento vasco para su aprobación.
Más transparencia
Esta ley, incluida en el programa de gobierno, tiene como objetivo “impulsar de forma integral la cultura del Gobierno Abierto basada en los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana”.
Desde el Gobierno vasco han defendido la creación de esta norma porque “el fortalecimiento de la democracia es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”.
“Esta ley es una herramienta más para avanzar en una gestión más eficaz y eficiente de las políticas públicas, orientada a mejorar la relación entre administración y ciudadanía y, por tanto, a generar mayor confianza y unas instituciones más abiertas, cercanas y transparentes”, señalaba en mayo la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.
Y, aunque Euskadi ha dado pasos en transparencia, lo cierto es que se encuentra a distancia del resto de comunidades autónomas porque no cuenta con una ley como tal sobre esta materia.
La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena EFE
Posibles multas de hasta 400.000 euros
Actualmente, la ciudadanía dispone de seis portales de acceso para la consulta e información pública, pero buscan ir más allá.
Por eso, se prevé la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia Gardena, un órgano independiente para garantizar que la Administración Pública cumpla con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información.
Además de esta o la incorporación de mayores obligaciones de publicidad activa, se incluye otra novedad significativa: un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia.
Esto supondrá tres categorías de sanciones. Desde las multas imputables a altos cargos, que oscilan entre los 200 y los 12.000 euros, hasta las infracciones imputables a entidades privadas y corporaciones de derecho público obligadas a suministrar información, que oscilarán entre los 200 y los 400.000 euros en los casos más graves.
Sin duda, el Gobierno de Pradales ha acelerado en este sentido y, por delante, quedan tres largos años de legislatura que deberían ser tiempo suficiente para aprobar por fin la norma.
De hecho, desde el Gobierno vasco confían en que, estando ya la ley en el Parlamento vasco y con la posibilidad de que los partidos políticos presenten enmiendas, Euskadi cuente en 2026 con la Ley de Transparencia.