Bloque de viviendas en construcción Pixabay
La Ley de Medidas Urgentes de Vivienda continúa su tramitación sin enmiendas de la oposición
Se prevé, según fuentes parlamentarias, que la ley se apruebe en el pleno del próximo 11 de diciembre
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Nuevo paso en la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda. La ley impulsada por PNV y PSE-EE ha superado su penúltimo trámite parlamentario y, finalmente, el texto no incorporará aportaciones de la oposición.
De esta forma, la comisión de Vivienda del Parlamento vasco ha aprobado este miércoles el dictamen de esta proposición de ley en la que se han aprobado 17 enmiendas técnicas que los socios de Gobierno formularon para completar su propia propuesta.
Por su parte, todas las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición han sido rechazadas.
En su día, la falta de consenso ya fue patente, cuando jeltzales y socialistas aprobaron por el Parlamento Vasco la tramitación de la propuesta únicamente con sus apoyos porque cuentan con mayoría absoluta.
El siguiente paso será la aprobación de la ley en un próximo pleno cuya fecha aún no está concretada, aunque fuentes parlamentarias apuntan a la sesión del 11 de diciembre.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el presidente del PNV, Aitor Esteban EFE
Reforzar la seguridad jurídica y acelerar la vivienda protegida
Fuentes del PNV han asegurado que las enmiendas presentadas "refuerzan" la seguridad jurídica y "aclaran y corrigen" ambigüedades detectadas por expertos.
Asimismo, han señalado que "facilitan y aceleran" la promoción de vivienda protegida, así como defienden que "alinean" la ley con la "realidad actual de regeneración urbana y necesidad habitacional".
La proposición de ley plantea fundamentalmente la modificación de la Ley de Suelo y Urbanismo, de 2006, pero también propone cambios en las de Vivienda, Administración ambiental, Contaminación de suelos, Instituciones locales, Turismo y Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.
Entre las principales novedades, figura la horquilla que se abre para poder rebajar el porcentaje de vivienda de protección que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas.
Actualmente, ese porcentaje está en el 75% y se abre la posibilidad de que los ayuntamientos lo rebajen hasta el 60% de las promociones.
