Bildu y PNV quieren blindar el euskera en todos los rincones de España

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado, una iniciativa registrada por los grupos vascos EH Bildu y PNV, y por ERC, BNG, Compromís y Sumar.

Aunque con pocas opciones de salir adelante, la proposición constituye el mayor intento hasta la fecha de llevar la pluralidad lingüística, y el euskera en particular, al corazón de la Administración estatal. Para que cualquier ciudadano pueda relacionarse con la Administración General del Estado —incluido el Poder Judicial— en euskera o en cualquier otra lengua cooficial del Estado. 

EH Bildu y el PNV valoran el texto como un “paso histórico” hacia el reconocimiento pleno del euskera como lengua de uso normalizado también frente al Estado. Ambos partidos remarcan que la Justicia es el ámbito donde más se acusa la falta de bilingüismo real y donde esta ley supondría un cambio más profundo.

Para lograrlo, la proposición introduce modificaciones profundas en normas centrales como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Procedimiento Administrativo Común o el Estatuto Básico del Empleado Público.

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Euskera en la Justicia

Uno de los aspectos más relevantes para Euskadi es la obligación de que jueces, magistrados, letrados de la Administración y otros funcionarios destinados en comunidades con lengua propia acrediten un conocimiento suficiente de esa lengua. Para el caso vasco, el nivel exigido deberá ser equivalente al requerido al personal del Grupo A y A1 en la administración autonómica 

Esto afectararía a comisiones de servicio, concursos de méritos, provisión de vacantes y oposiciones, lo que supone un giro respecto al modelo actual, donde el conocimiento del euskera se valora, pero rara vez se exige como requisito.

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Un derecho en todo el territorio nacional

La reforma de la Ley 39/2015 permitirá iniciar trámites ante órganos centrales del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales, sin importar el lugar de residencia del ciudadano. Ello implica que una persona podrá dirigirse en euskera a un ministerio con sede en Madrid y que ese idioma se convertirá en la lengua de tramitación del procedimiento 

Además, el Estado quedaría obligado a garantizar que sus servicios telemáticos —formularios, sedes electrónicas, notificaciones— funcionen también en euskera.

Etiquetado obligatorio en euskera

La proposición de ley abre la puerta a que las comunidades autónomas con lengua propia, como Euskadi, puedan exigir etiquetado obligatorio en euskera en bienes y servicios comercializados en su territorio. También establece que la información precontractual y los contratos firmados fuera de establecimiento deberán poder entregarse en la lengua elegida por el consumidor.

Al menos un 5% en la radio

Otro de los puntos recogidos en el texto es la obligación de que las emisoras de radio de fórmula musical reserven un 15% de su programación a lenguas cooficiales, con un mínimo del 5% para cada una de ellas, lo que garantiza por primera vez una presencia mínima de música y contenidos en euskera en este tipo de formatos de alta audiencia 

También se propone crear un Fondo estatal y autonómico para fomentar el doblaje y subtitulado de obras audiovisuales en lenguas cooficiales.

Lengua vehicular en la enseñanza

La proposición de ley respalda el modelo educativo vasco al establecer que, al finalizar la enseñanza obligatoria, el alumnado debe dominar tanto el castellano como la lengua cooficial, y que esta última será la “normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje”, siempre según criterios pedagógicos y de normalización lingüística.

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Un año para adaptar todas las leyes

Los impulsores de la ley argumentan que el Estado lleva décadas sin desarrollar plenamente el artículo 3.3 de la Constitución, que exige proteger y promover la riqueza lingüística española. La proposición subraya que el modelo actual mantiene un “monolingüismo de facto” en gran parte de las instituciones centrales, algo que la nueva norma pretende corregir para garantizar un ejercicio “real y efectivo” de los derechos lingüísticos en todo el territorio 

El texto también prevé que el Gobierno dote presupuestariamente su aplicación y adapte todas las leyes estatales afectadas en un plazo máximo de un año.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha subrayado que con los cambios que introduce la ley “se conseguirá que los ayuntamientos e instituciones establezcan las cláusulas lingüísticas en las contrataciones públicas con total seguridad jurídica para poder dar así un salto importante en la normalización institucional del euskera”.

Para Aizpurua, es “determinante que el Estado reconozca su carácter plurilingüe” y aseguró que el euskera necesita “imperiosamente” una nueva política lingüística, una política pública “valiente” y un “nuevo refugio jurídico” y con la iniciativa de hoy “daremos un paso más en ese intento de avanzar en ese estatus jurídico que precisa el euskera”.

A su vez, la portavoz del PNV en esta Cámara, Maribel Vaquero, ha lamentado que no esté “garantizando que aquellas personas que tenemos más de una lengua oficial podamos utilizarla con total normalidad y mucho menos en los servicios que ofrece la Administración General del Estado”. “Queremos que todas las lenguas, en todos los pueblos, sean garantizadas”.

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