Amorebieta ve desbloqueados tras 20 años los realojos de seis familias

Después de más de 20 años de sinsabores y litigios, el plan urbanístico de San Pedro, en pleno centro del municipio vizcaíno de Amorebieta, ha quedado desbloqueado con el realojo de las seis familias afectadas. El acuerdo se ha firmado el pasado 22 de diciembre y supone el pago del 75% del coste de un piso nuevo en cuatro casos y nuevas viviendas en una zona más apartada para otras dos familias. Los afectados se han quejado reiteradamente de la gestión municipal - “solo un político local se ha reunido con nosotros en estos más de 20 años” - y que promotoras privadas han tenido que encargarse de resolverlo.

Como ha informado este espacio, el Ayuntamiento de Amorebieta impulsaba desde hace más de 20 años un plan urbanístico que ha sido declarado ilegal por la Justicia. Las viviendas, habitadas por familias obreras, están en la calle San Pedro, a pocos metros de la escultura conocida como La Patata y la operación afecta al número 12, el 10 (que está deshabitado) y otros solares vacíos. El planeamiento urbanístico de Amorebieta, aún vigente, preveía construir 50 nuevas viviendas en esa área.

Hace ya tres décadas, a finales de los 90, el ayuntamiento dirigido entonces por David Latxaga (PNV) planteó, sin contar con los vecinos que vivían en la casa y que no querían especular, aumentar el número de viviendas a 67. Para ello, el Consistorio aprobó una modificación puntual de las normas subsidiarias de Amorebieta para la edificación de viviendas nuevas que ahora tendrían un precio de 300.000 euros cada una.

Las familias del único edificio habitado pidieron entonces que, dadas las plusvalías que generaba la operación, se les garantizara unos realojos justos en forma de nuevas viviendas. El Consistorio les remitió a una promotora, Inverlan, para pactar esos realojos. Se llegó a un pacto genérico pero la empresa quebró.

Las familias del único edificio habitado pidieron entonces que, dadas las plusvalías que generaba la operación, se les garantizara unos realojos justos en forma de nuevas viviendas

Sin embargo, el ayuntamiento siguió con la operación, lo que supuso que el edificio de los afectados quedara fuera de ordenación.

Los vecinos llevaron a los tribunales el plan urbanístico y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón. En una sentencia dictada en diciembre de 2011, el Superior declara nulo el plan por la ausencia de zonas verdes, viviendas protegidas o la falta de un estudio financiero.

La anulación del plan molestó sobremanera el Consistorio, que durante los siguientes años amenazó a las familias con la habilitación de un área verde en la zona y que los afectados se quedaran en un alquiler de viviendas sociales.

A finales de la pasada década, el Ayuntamiento remitió a los vecinos a otra constructora, Vusa. Esta promotora les transmitió que acometería el plan si los vecinos no lo impugnaban. Los afectados exigieron realojos y compensaciones para las familias que se fueran.

En 2020, ambas partes firmaron ante notario el pago de una cantidad por familia de cerca de 240.000 euros, el 75% de lo que cuesta una vivienda actualmente en Amorebieta. El acuerdo suponía una indemnización a los vecinos en caso de retrasos.

A finales de la pasada década, el Ayuntamiento remitió a los vecinos a otra constructora, Vusa. Esta promotora les transmitió que acometería el plan si los vecinos no lo impugnaban

El 15 de julio de 2022, el pleno del Ayuntamiento de Amorebieta aprobó de forma definitiva el plan urbanístico (publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia del 29 de septiembre de 2022) de esa área, que, sorprendentemente, es idéntico al anulado en 2011 por el Tribunal Superior vasco.

Entonces surgió otro problema, ya que parte de los suelos eran de un promotor local, que estaba enfrentado a Vusa. La consecuencia es que el proyecto tenía que haber empezado en 2022 y los vecinos estuvieron dos años sin cobrar las indemnizaciones. En diciembre de 2022 empezaron a recibir una cantidad mensual de 9.000 euros para las 6 familias por el retraso en el pago de las indemnizaciones.

A principios del pasado año, la constructora Vusa comunicó a los afectados que iba a vender la promoción a otra empresa, con lo que sería el tercer acuerdo para resolver este entuerto. Pero el asunto siguió bloqueado hasta que en los últimos meses ha intervenido una cooperativa, Belatxikieta, que ha comprado los terrenos. La construcción correrá a cargo de Vusa.

Las familias afectadas han reprochado, en estas dos décadas, la actuación del Ayuntamiento. “Se acaba de cambiar la Ley del Suelo, pero sigue sin haber un mecanismo público que gestione los realojos y los priorice antes de que las empresas privadas hagan sus negocios. Sólo con el 15% de la edificabilidad que las empresas tienen que entregar en dinero a los Ayuntamientos (ahora en la nueva Ley se ha metido al Gobierno vasco en ciertos casos) y la tasa de licencia e ICIO el Ayuntamiento de Amorebieta ya ha cobrado o va a cobrar casi el millón de euros”.

Por fin se ha desbloqueado la situación de 6 familias de Amorebieta, que desde hace más de 20 años sufrían la incertidumbre de quedarse sin su vivienda. El Ayuntamiento de Amorebieta se ha desinhibido de un plan que ha promovido para derribar su edificio y construir 67 pisos nuevos, que encima fue declarado ilegal por la Justicia. Finalmente, una cooperativa ha intervenido y se resolverá el entuerto. Pero es vergonzante un sistema legal donde un realojo a seis familias se dilate más de 20 años.