Las calles de Plentzia, empapeladas de carteles por los presos de ETA.

Las calles de Plentzia, empapeladas de carteles por los presos de ETA. Covite

Política

Hasta 56 presos de ETA lograron la semilibertad antes de que el Gobierno vasco asumiera Prisiones

El polémico artículo 100.2 del reglamento penitenciario también se aplicaba a los reclusos terroristas antes del traspaso de la competencia en 2021

Más información: Qué es el 100.2 del Reglamento que concede la semilibertad que disfrutan veinte presos de ETA

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Un total de 56 presos vinculados a la banda terrorista ETA se beneficiaron de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2021, fecha en la que Euskadi asumió las competencias penitenciarias. Esta normativa, diseñada originalmente para situaciones excepcionales, permite a internos en segundo grado disfrutar de beneficios propios de la semilibertad, como salidas diarias.

Esa es la respuesta oficial que ha facilitado el Gobierno de Pedro Sánchez a varias preguntas parlamentarias por el PP sobre el cumplimiento de las penas por parte de exmiembros de ETA. Esa cifra, los 56 presos etarras beneficiados por el Reglamento Penitenciario, se enmarca dentro de las 97 resoluciones favorables concedidas a condenados por delitos de terrorismo en ese mismo periodo.

La respuesta oficial explica que, en esos casi 19 años, se autorizaron un total de 11.264 resoluciones en aplicación del polémico artículo 100.2 del Reglamento. Este precepto permite flexibilizar el régimen penitenciario de los internos, combinando elementos de distintos grados de clasificación en función de su evolución y circunstancias personales.

En cuanto a la concesión del tercer grado —que incluye clasificaciones iniciales, mantenimientos y progresiones—, el Ejecutivo señala que se dictaron 158.457 resoluciones en total. De ellas, 128 correspondieron a personas condenadas por terrorismo, incluyendo a 68 casos de internos relacionados con ETA.

El Gobierno subraya que la aplicación del artículo 100.2 requiere un programa específico de tratamiento, la propuesta de los equipos técnicos de los centros penitenciarios y la aprobación final del juez de vigilancia penitenciaria.

Asimismo, recuerda que las decisiones sobre clasificación y progresión de grado están sujetas a supervisión judicial, conforme a la legislación vigente.

En relación con los datos posteriores al 29 de junio de 2021, el Gobierno central explica que ya no dispone de información actualizada, debido al traspaso de competencias en materia penitenciaria al Gobierno Vasco, en virtud del Real Decreto 474/2021. Desde entonces, corresponde a la administración autonómica facilitar estos datos.

Evaluaciones individuales

Finalmente, el Ejecutivo insiste en que todas las decisiones penitenciarias se adoptan en base a evaluaciones individualizadas de cada interno, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, su evolución en prisión y el marco legal aplicable.

El PP relaciona todas estas medidas, como la semilibertad concedida al exjefe de ETA ‘Txeroki’, con los supuestos pactos ocultos de investidura forjados entre el PSOE de Pedro Sánchez y EH Bildu.

“Parece evidente que la concesión reiterada de beneficios penitenciarios a miembros de ETA ha estado ligada a decisiones políticas y a una estrategia orientada a asegurar el apoyo parlamentario de EH Bildu”, explican los diputados en la exposición de motivos de su iniciativa.

En este sentido, aluden a declaraciones realizadas en 2021 por el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, en relación con la situación de los presos de ETA: “Tenemos a 200 presos en Ia cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos”.