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El TSJPV anula el decreto que regula el uso del euskera en la administración vasca
El Gobierno vasco va a estudiar la sentencia y valorará si la recurre o no
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, que fue recurrido por Vox, debido a que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial".
La sentencia anula el decreto por este motivo, mientras que desestima los argumentos que planteó Vox en marzo de 2025, donde aseguraba que dicha norma era "discriminatoria" para los castellanoparlantes.
El fallo sostiene que la estructura y contenido de este motivo de fondo "es tan genérica, tan difusa e imprecisa que no puede ser acogido" y argumenta que Vox, en su recurso, "presenta los preceptos constitucionales vulnerados pero no especifica qué artículos del decreto los lesionan".
El TSJPV elevó una cuestión de inconstitucionalidad relativa a este asunto, que fue inadmitida por el Tribunal Constitucional el pasado mes de julio.
Gobierno vasco
Por su parte, el Gobierno vasco, tal y como recoge Efe, estudiará la sentencia y valorará si la recurre ante el Tribunal Supremo, ya que el fallo no es firme y dispone de un plazo de treinta días para hacerlo.
"Vamos a seguir trabajando con muchísimo empeño para asegurar la normalización del euskera en la Administración pública", ha afirmado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea.
La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, en una imagen de archivo Irekia
En este sentido, el Gobierno vasco ya ha comenzado los trabajos para elaborar una nueva regulación de los perfiles lingüísticos en la Administración.
Además, ha incidido en que dicho trabajo de actualización del decreto ya estaba en marcha antes de que se conociera el fallo como resultado de una enmienda a la Ley de Empleo Público aprobada en junio.
Recurso de Vox
En marzo de 2025, la formación de Santiago Abascal formalizó el recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV por considerar que se "discriminaba" al castellano en las relaciones internas en las administraciones públicas vascas.
"Este decreto impone el absoluto orillamiento del castellano tanto en el funcionamiento interno de la administración como en la relación externa de la misma", que "establece como requisito de acceso y mantenimiento en el puesto de trabajo de función pública unas condiciones de conocimiento de la lengua con plazos de preceptividad inasumibles", señalaba entonces la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez.
En este sentido, los de Abascal afirmaban que esto también afecta a las empresas ajenas al sector público "al imponer requisitos lingüísticos en la contratación de servicios, lo que atenta contra la libre concurrencia de empresas en los contratos con la administración del País Vasco".
"Todo ello prueba que este Decreto atenta contra los dispuesto en la Constitución, norma que reconoce el castellano como la lengua oficial del Estado, que reivindica la igualdad de los españoles ante la ley, rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y, también, lengua", explicaba Martínez.
Además, de poner el acento en la "insuficiente valoración de impacto económico", Vox solicitaba la nulidad de una quincena de artículos por solo reconocer el euskera "como lengua propia del País Vasco".
Amaia Martínez, parlamentaria de Vox en la Cámara vasca EFE
"Prioriza a una lengua sobre otra en las relaciones entre funcionarios, entiende sus requisitos lingüísticos fuera de la propia administración, a contratas y subcontratas, impone la lengua vasca como la primera opción de relación con la ciudadanía y niega al ciudadano su derecho a ser él el que decida qué idioma prefiere utilizar", aseguraba.
ELA lo califica de "muy grave"
El sindicato ELA considera "muy grave" la decisión del TSJPV porque considera que es "otro ejemplo de la ofensiva judicial contra la normalización del euskera en la administración pública".
ELA ha asegurado que no va a realizar una valoración jurídica "precisa" hasta haber leído y analizado la sentencia, pero ya ha adelantado que la resolución le parece "muy grave".
"Detrás de este tipo de procesos y resoluciones existe el impulso euskarafóbico de algunos sectores judiciales, políticos y sindicales que pretenden obstaculizar la normalización del euskera, con el fin de mantener la hegemonía del castellano y limitar el uso del euskera", ha advertido.
"ELA no aceptará normalizar la imposición del castellano, ni que el conocimiento del euskera sea considerado un privilegio o un factor de discriminación", ha sentenciado.
A su entender, "los derechos lingüísticos están vinculados a los derechos sociales fundamentales" y, por tanto, ha anunciado que continuará trabajando en su defensa.
CCOO pide responsabilidad
Por su parte, CCOO ha exigido al Gobierno vasco que deje de "excusarse en ofensivas judiciales imaginarias" y asuma "su responsabilidad" para garantizar que la ciudadanía "pueda ser atendida en la lengua oficial de su elección".
El sindicato ha puesto de manifiesto que "no pueden compararse las sentencias de quienes han tenido que defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales en los tribunales con quienes, claramente, no quieren ver el euskera en las administraciones públicas de ninguna manera".
En este sentido, ha insistido en la necesidad de que Euskadi cuente con una administración capaz de atender a la ciudadanía en la lengua oficial de su elección y ha reclamado a las administraciones públicas tiempo y recursos "para llevar a cabo este proceso sin dejar a nadie atrás".
LAB
LAB considera que la decisión judicial sigue "con la ofensiva sistemática contra toda medida destinada a la normalización del uso del euskera" y que "los tribunales llevan años utilizando argumentos retorcidos a propósito para cada caso e intentando deshacer la arquitectura jurídica construida para impulsar la euskaldunización y las ofertas públicas de empleo".
A su juicio, la última resolución judicial es "un paso más que se enmarca en dicho proceso de desoficialización del euskera".
Ante ello, el sindicato ha exigido al Gobierno vasco que haga frente a "las amenazas implícitas de los tribunales y ponga en marcha el proceso para elaborar un decreto que responda adecuadamente a las necesidades de euskaldunización con la participación de todos los agentes implicados".
