Las entidades que trabajan con los presos piden un plan previo a la transferencia de prisiones

Si se cumple el calendario pactado, este mes de abril serán transferidas las prisiones a Euskadi. La gestión de la población reclusa pasará a manos del Gobierno vasco, y el Ejecutivo autonómico tiene pensado poner en funcionamiento un modelo similar al catalán, en el que se potencie la reinserción y el cumplimiento de las penas en semilibertad de una buena parte de los aproximadamente 1.300 internos que componen la población reclusa. El papel que jugarán aquí las entidades sociales vascas que trabajan en el ámbito penal y penitenciario será clave. "Hay que ser más flexibles y favorecer las penas alternativas a prisión", considera Jorge Muriel, el responsable de la Pastoral Penitenciaria de Bilbao, una persona que está en contacto, casi diario, tanto con la población reclusa de la cárcel de Basauri (Bizkaia), como con sus familiares.

Las entidades sociales que trabajan en el ámbito penitenciario se muestran expectantes ante la próxima transferencia de prisiones al Gobierno vasco, que desea articular una nueva red de centros de inserción y de unidades tuteladas. Expectantes porque jugarán presumiblemente un papel importante, porque su sustento económico procede en gran medida de las administraciones públicas, y porque de momento la legislación vasca en materia de servicios sociales no menciona al colectivo de personas presas, lo que estaría creando "dificultades importantes en su atención a la comunidad", según señalan en ESEN (Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa), la red en la que se agrupan estas asociaciones. Estas entidades defienden que un 40% de las personas que cumplen una pena de prisión pueden disponer de "itinerarios individualizados de inserción en medio abierto y en libertad condicional". Muriel, que lleva años tratando a diario con la población reclusa en la cárcel, comparte esta apuesta alternativa a la prisión. "Muchas de las personas reclusas necesitan menos cárcel y más educación, más acceso al empleo y una mayor formación en el trato humano y en la relaciones familiares", explica a este diario. "Creo que es algo que hará el Gobierno vasco y es algo que necesitan los presos", prevé. "Es la fórmula más efectiva para lograr la inserción socialde las personas que se encuentran en prisión y reducir su reincidencia", insisten desde ESEN.

Una mayor inversión para un nuevo modelo

En esa línea parece trabajar el Gobierno vasco, cuya consejera de Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ya anunció a finales del año pasado que el modelo del ejecutivo vasco estará sustentado "en el uso del encarcelamiento como una opción extrema" que se use cuando no exista otra alternativa, y con el objetivo de que "al menos el 40% de los reclusos, con todo tipo de delitos, cumplan sus penas en régimen abierto”. Las entidades sociales que trabajan en el ámbito penitenciario apuestan por crear en Euskadi una mesa de participación social e institucional que permita planificar la atención de estas personas. Impulsar las medidas alternativas a la prisión requeriría, según las entidades, de la creación de plazas residenciales y de atención en la comunidad suficientes para acoger a las personas presas "que carecen de apoyo familiar" o necesitan un programa especializado "de carácter educativo, psicológico, médico, de control de conductas o formativo". En definitiva, una mayor inversión en los sistemas y mecanismos alternativos al encarcelamiento y en medio abierto.

"El Gobierno vasco debe prepararse para algo así; tiene muchos retos por delante para la gestión posterior a la transferencia", considera Muriel, que reconoce que la proximidad de la transferencia ha generado expectativas en las prisiones vascas, al menos en la de Basauri. "Los trabajadores sociales ya están comunicando a los presos que cuando sean sentenciados, se quedarán en las cárceles vascas", explica.