El Gobierno vasco y LaLiga vuelven a chocar a cuenta de los aforos de los campos de fútbol. Este miércoles las comunidades autónomas acordaron con el Ministerio de Sanidad abrir los campos al completo, con los aforos al 100%, pero el Ejecutivo vasco se descolgó del acuerdo. Así, los campos vascos mantienen el límite del 60%, fijado a su vez por un auto del Superior de Justicia el 14 de septiembre. La organización presidida por Javier Tebas ha decicido de nuevo solicitar al Tribunal medidas cautelares para obligar al Gabinete Urkullu a adoptar la misma decisión que en el resto del país. Es la segunda vez que esto ocurre en este mes de septiembre. La sala de lo Contencioso-Administrativo analizará contra reloj el recurso para emitir una resolución antes del encuentro que disputan este viernes en San Mamés Athletic de Bilbao y Deportivo Alavés. 

El Gobierno ha mantenido la decisión de no modifcar ese tope del 60% hasta que el LABI no lo analice y establezca una nueva batería de medidas. La próxima reunión del organismo de seguimiento de la pandemia es el martes de la semana que viene. En todo caso, fuentes de Lehendakaritza han confirmado a 'Crónica Vasca' que si llega una orden judicial estableciendo lo contrario, actuarán de acuerdo al dictamen de los jueces. Se repite, por lo tanto, el mismo episodio que hace dos semanas. Cuando la sala presidida por el magistrado Luis Ángel Garrido obligaba al Gobierno abrir las puertas de los estadios hasta el 60% del aforo. Una decisión que generó una agria respuesta de Urkullu que ha subrayó que la opinión de los especialistas y científicos del Gobierno ha sido "despreciada" por el juez. , a adoptar las medidas que "estimen necesarias para controlar la pandemia amparándose en las recomendaciones científicas y en aplicación del mayor equilibrio posible en la vida de la sociedad vasca". 

Las reacciones del Gobierno y del PNV provocaron una respuesta del Superior de Justicia que reclamó respeto a la independencia de los jueces. En un comunicado señaló que "la crítica legítima hacia las resoluciones judiciales, no permite amparar los ataques personales ni la deslegitimación de las juezas y de los jueces que imparten justicia en el País Vasco.” Y es que llueve sobre mojado porque el magistrado Garrido fue también el que tumbó el cierre de la hostelería que decretó el Gobierno vasco el pasado mes de enero. El juez también cobró protagonismo por menospreciar el trabajo de los epidemiólogos.