ETA, juez y verdugo de la clase trabajadora

"ETA es un grupo nacionalista radical que persigue objetivos no realistas y contrarios a los intereses de la clase trabajadora". Así definía el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana, el Stasi, a esta organización que ejerció la violencia en Euskadi durante más de 40 años y que terminó con la vida de más de 860 personas. La mayoría de ellas pertenecientes a esa clase trabajadora cuyos derechos, supuestamente, defendían o así lo proclamaban en su discurso.

Unos derechos que protegían atentando contra los empresarios, a quienes señalaban como "los malos". ETA quiso desacreditar y poner al pueblo vasco en su contra y en muchas ocasiones lo consiguió. Los acusaban de ser explotadores de la clase obrera y de opresores del pueblo y este mensaje caló en bastantes trabajadores, llegando incluso varias veces a participar en procesos de negociaciones laborales, sustituyendo a los sindicatos. “Consiguieron desprestigiar a la clase empresarial. Se decía de ellos que eran figuras oscuras, que tenían dinero de sobra para pagar, que si se les extorsionaba era por algo, que eran oligarcas etc.”, explica el historiador Gaizka Fernández Soldevilla.

Sin embargo, todo ese mensaje se diluye con tan solo ver los terribles datos que dejó su violencia. Entre las 864 víctimas mortales hay policías, guardias civiles, políticos, empresarios... pero también hay cientos de obreros que murieron por estar dentro de estas profesiones señalas, ser sindicalistas, ser posibles "chivatos" o simplemente por "error" o "daño colateral".

Actuar como sindicatos y contra los sindicatos

ETA quiso usurpar el papel de los sindicatos en numerosas negociaciones entre patronal y trabajadores, al igual que lo hizo con otras causas como el ecologismo y Lemoniz. "Ellos tenían otras prioridades, nunca defendieron los derechos de nadie. Por mucho que en su discurso llevaran ese mensaje de defensa de la clase obrera, la realidad fue otra", explica Fernández Soldevilla. Quienes sí trabajaban por los derechos de los trabajadores eran los sindicatos y también tuvieron que ver como moría gente en sus filas.

En CCOO fue en 12 ocasiones. Un sindicato que fue de los primeros en alzar la voz contra ETA en 1973, durante el secuestro del empresario navarro Felipe Huarte, durante un conflicto laboral, repartieron octavillas pidiendo a ETA que no intervinieran en la negociación porque no era su papel y exigiendo la liberación de Huarte. El ex gobernador civil de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui o el periodista José Luis López de Lacalle son dos de estos doce de Comisiones Obreras. Sus asesinatos fueron muy impactantes para la sociedad y este sindicato estuvo muy presente en los funerales. También en el del funcionario de prisiones Máximo Casado o en el del policía municipal Antonio García Caballero en 1978, cuya camisa ensangrentada llevaron sus compañeros al congreso sindical. Todos ellos eran miembros de CCOO entre los que había albañiles, soldadores, comerciales, panaderos, cocineros y trabajadores navales.

En las filas de UGT también hubo víctimas mortales. "Puede que incluso sean más porque en aquellos años el carnet del PSOE iba conjunto con el de UGT, y el Partido Socialista tiene muchas víctimas", explica Fernández Soldevilla. El mundo socialista fue uno de los más apuntados por ETA y 12 de sus miembros fueron asesinados. El último fue Isaías Carrasco, hace apenas 13 años, el nueve de marzo de 2008. Un concejal de Mondragón que recibió cinco disparos, a solo dos días de que se celebraran las elecciones generales en España, en el portal de su casa y mientras su mujer y su hija estaban en el interior del domicilio. Él era miembro de UGT.

Hace 42 años, ETA asesinaba por primera vez a un militante socialista y que también era afiliado a la Unión General de Trabajadores. En octubre de 1979 Germán González López fue tiroteado a bocajarro cuando bajaba de su vehículo, en la localidad gipuzcuana de Villareal de Urretxua, tan solo dos días antes de la aprobación en referéndum del Estatuto de Autonomía.

Manifestación de CCOO contra el terrorismo de ETA. / CCOO

Profesiones muy vigiladas

Nunca hubo una campaña de ETA dirigida hacia los trabajadores. Sin embargo, sí la hubo contra algunas profesiones concretas como taxistas, hosteleros o periodistas. Los dos primeros fue en multitud de ocasiones por acusarlos de chivatos. "Eran personas que tenían trato con muchas personas durante el día y eso levantaba las sospechas de ETA de que pudieran ser confidentes de la policía", detalla Gaizka Fernández Soldevilla. Uno de los casos más llamativos fue el del sector del taxi.

Desde 1969 a 1985, ETA mató a 14 taxistas y más de la mitad de los casos nunca han sido investigados por la justicia. Fermin Monasterio fue el primero, el 9 de abril de 1969 y además fue la tercera víctimas mortal de la banda después del guardia civil José Antonio Pardines y el jefe de la Brigada Político Social de San Sebastián, Melitón Manzanas. Mientras Fermín esperaba el siguiente servicio del taxi en la parada cercana al Mercado de La Ribera, a pocos metros de allí, en la calle Artekale del Casco Viejo bilbaíno, la Guardia Civil irrumpía en un piso franco de ETA. Tras el tiroteo cruzado los agentes detuvieron a tres etarras, el cuarto, herido, logró escapar. Era Mikel Etxeberria, alias ‘Makauen’. En su fuga llegó hasta la parada de taxis en la que Fermín esperaba clientes.

El etarra, con su pistola en mano, le obligó a arrancar el coche y salir de Bilbao para huir de la Guardia Civil. Él se resistió e incluso se negó a ayudarle a curar las heridas para sacarse la bala. No accedió ni siquiera cuando el miembro de ETA le ofreció 5.000 pesetas y 'Makauen' finalmente decidió matarlo de cuatro tiros y dejar su cuerpo en la carretera. Tras huir con el taxi de Fermín en dirección a Orozko, el etarra logró el apoyo y protección de varios curas, le facilitaron refugiarse en Francia y ocho años más tarde pudo acogerse a la Ley de Amnistía de 1977. El rechazo social que suscitó aquel crimen llevó a ETA a negar su autoría y asignarla a la Guardia Civil, si bien tiempo después aseguró que lo mató por no colaborar en la fuga y actuar como ‘colaborador policial’.

Fermin Monasterio fue sólo el primero. En los siguientes 16 años la banda mató a otros 13 taxistas. En muchos casos lo hizo bajo la falsa acusación de ser colaboradores e informantes de la policía o la guardia Civil, en otros por el mero hecho de ofrecer sus servicios de taxi a los agentes, por confraternizar con ellos o por no dejar testigos en un crimen. Caso parecido fue el de los hosteleros a quienes, además de chivatos, se les acusaba también de ser traficantes dentro de la campaña que ETA llevó a cabo contra la heroína.

"Los ojos y oídos del aparato de represión"

Hubo muchos bares que estuvieron muy vigilados por la banda por estar frecuentados por guardia civiles o por su presunta conexión con el mundo de la droga. En el año 1979 el clima político en Euskadi se tensionaba de semana en semana y ETA insistía en que había llegado el momento de elevar la presión, y de actuar directamente contra los delatores, los ‘chivatos’ que colaboraban con la policía. Algunos ya estaban en el punto de mira, en la ‘lista negra’ que se preparaba. Joaquín Becerra Calvente era uno de los nombres de esa lista por regentar un bar familiar. El local era mirado con desprecio por estar frecuentado por guardias civiles. Era suficiente para sembrar la sombra de la sospecha sobre aquel afiliado de la UGT y trabajador de Tubos Reunidos. El 2 de julio de 1980, ETA lo asesinó.

La primera campaña de ataques contra personas acusadas de colaborar con la policía se inició en 1971, pero hasta 1975 no se produjo el primer asesinato basado en esa acusación: el 7 de julio es acribillado a tiros Carlos Arguimberri Elorriaga, conductor de autobús y exalcalde de Icíar. Tras este atentado, la banda afirmó que "los chivatos representan en Euskadi una verdadera organización de información". Y añadía: "a diferencia de los miembros de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía, los chivatos son en gran parte nacidos en Euskadi Sur. Su conocimiento de los movimientos obreros y populares vascos les convierte en los ojos y oídos del aparato de represión".

Un estudio desarrollado por Florencio Dominguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, revela que casi un 71% de las personas que sufrieron atentados de ETA desempeñaban trabajos que les obligaba a estar en contacto con el público en general: comerciantes, propietarios de bar o camareros, taxistas, empleados o propietarios de talleres mecánicos... Lo que le lleva a concluir que "se puede afirmar que existe un perfil social que, especialmente en localidades de pequeño y mediano tamaño, sirve a la colectividad nacionalista afín a ETA para caracterizar a los supuestos confidentes".

Nunca pudieron demostrar que estas víctimas fueran realmente confidentes, para ellos lo eran y punto, sin preguntas. Sin embargo, quienes si tenían sus propios colaboradores eran ellos y eran piezas claves en su lucha contra la clase empresarial. Elegían a sus objetivos gracias a la información que recibían y al conocimiento que tenían de su entorno. La banda estaba asentada en diferentes comarcas, ciudades y pueblos del País Vasco pero no tenía tantos miembros, por lo que no tenían capacidad de recabar suficiente información por sí solos. Es aquí donde entraban en juego los colaboradores que, sin ser miembros, eran una parte fundamental. “Esta gente no eran etarras, pero eran simpatizantes y cómplices. Sin estos ojos, no hubieran podido hacer nada. Muchos empresarios sospechaban de trabajadores de su propia empresa y tenemos constancia de empleados de banca que pasaban información para los atracos”, explica el historiador Gaizka Fernandez de Soldevilla. 

A por los periodistas y los medios de comunicación

Medio centenar de periodistas y editores tuvieron escolta policial, en el País Vasco y en Madrid. Hasta un centenar, estuvo bajo protección oficial o privada. Una decena de profesionales tuvieron que exiliarse fuera del País Vasco hacia Madrid. Sedes de los medios de comunicación estuvieron acorazadas con medidas de seguridad… Dentro y fuera de Euskadi, los medios y periodistas, ya fueran "vascos traidores" o "invasores españoles", que no compartían las tesis nacionalistas radicales, estuvieron amenazados por la organización armada. Tanto ETA como su entorno social emprendieron contra ellos una campaña de violencia creciente. Otra de las profesiones que más sufrió el yugo de la amenaza terrorista y que surtió de muchos nombres para las famosas "listas negras" de la banda.

En enero de 1995 el diario 'El Correo Español El Pueblo Vasco' publicó un documento interno de KAS en el que aconsejaba a ETA atentar contra periodistas y medios de comunicación, por su labor de "represión contra la izquierda abertzale". En los atentados que ETA perpetró contra este sector asesinó a dos periodistas, José María Portell Manso en 1978 y José Luis López de Lacalle en el 2000, y al director financiero del Diario Vasco, Santiago Oleaga en 2001.

José María Portell Manso era el director de 'Hoja del Lunes' de Bilbao y redactor-jefe de 'La Gaceta del Norte' y lo asesinaron por ser supuesto mediador en las conversaciones entre el Gobierno y la organización terrorista. Fue el primer periodista muerto a manos de ETA. La otra víctima de esta profesión, ya en democracia, fue José Luis López Lacalle, periodista y columnista del diario El Mundo, cuyo compromiso con la libertad y la democracia le colocó en la mirilla de la barbarie de ETA hasta su asesinato. Ya en 1999 la localidad donde vivía fue inundada con pasquines, donde su nombre figuraba junto al de otros miembros del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi y en 2000 sufrió el lanzamiento de cócteles molotov contra su domicilio y aparecieron pintadas amenazándole de muerte. Todo esto acabó días después con cuatro tiros a quemarropa antes de abrir el portal de su residencia en Andoain.

Además, multitud de redacciones sufrieron ataques: la emisora de Radio San Sebastián, la delegación de la Agencia Efe en San Sebastián, la sede del Diario de Navarra en Pamplona, la redacción de El Correo en Zamudio  o la sede de Radio Nacional de España en Sevilla. Además, se desactivaron numerosos paquetes bombas contra periodistas como Carlos Herrera, Aurora Intxausti, Juan Palomo... y otros que llegaron a explosionar como el que amputó el dedo pulgar de una mano y ocasionó diversas heridas a Gorka Landaburu.

Entre el "daño colateral" y el "algo habrá hecho"

Muchos de aquellos atentados contra camareros, taxistas, carteros, panaderos u obreros causaron conmoción entre la gente que no entendía que estaba pasando y provocaron desconcierto en sectores de la sociedad y una revictimización en las familias. En muchos casos debían esperar al comunicado de ETA reivindicando el asesinato para conocer las razones que le habían llevado a asesinar a su ser querido, en la mayor parte de los casos la acusación de colaborar con la policía. A la muerte física, sumaban la muerte civil, el desprestigio dentro de la sociedad vasca y, consecuentemente, el aislamiento social.

Fueron años en los que las víctimas tenían que defenderse del ‘algo habrá hecho’ que ETA les imponía, rodeados de silencio y abandono y con un apoyo social casi inexistentes. En muchos casos los familiares tuvieron que salir en defensa de la memoria de su ser querido para proclamar públicamente que no era un delator, que no era un ‘chivato’ o que no traficaba con drogas. Incluso víctimas a las que se acusaba de ser confidentes de la policía llegaron a escribir cartas en los medios de comunicación para proclamar angustiados su inocencia y evitar que ETA les matara.

Cuando no era un "algo habrá hechos" entonces era un "daño colateral". Es lo que paso, por ejemplo, en el año 2001 cuando ETA asesinó a dos trabajadores de la empresa Elektra S.A. del barrio de Martutene en San Sebastián. No era un atentado contra ellos, sino que era un coche bomba accionado a distancia que iba destinado al concejal socialista de Ordizia Iñaki Dubreil, que resultó herido menos grave junto a otros tres empleados. Las viudas de estos dos hombres contaban en una entrevista en otro medio que, tras su asesinato, comenzó a surgir el rumor de que eran simpatizantes de la izquierda abertzale. Desde entonces, y pese a todos los desmentidos, el infundio ha seguido vivo. El daño ha sido tal que la mentira ha calado incluso en instancias judiciales, y estas mujeres tuvieron que acudir al sindicato LAB a pedir un certificado que demostrase que sus maridos nunca estuvieron afiliados a esa central abertzale.