La precariedad y el alto coste de la vida hacen que tener un empleo ya no sea garantía de inclusión

"Llueve sobre mojado: los pobres son cada vez más pobres" ha apuntado en ya diversas ocasiones Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas. La organización ha presentado este mes su balance de actividad de 2021, un año en el que ha aumentado el número de personas que han acudido a la entidad y en el que se ha tenido que dedicar más dinero a ayudas económicas que buscan cubrir las necesidades más básicas. Aún faltan escasos días para cerrar el año pero todo apunta a un crecimiento en las desigualdad social en Euskadi y a situaciones de pobreza que se vuelven crónicas. 

En el año 2008, mientras el país atravesaba la gran crisis económica, Cáritas hacia unas 245 atenciones al mes. Esta cifra se ha disparado y en los últimos cuatro años no han bajado de 1.000 las asistencias mensuales. Se ha casi cuatriplicado en comparación con ese anterior contexto social en el que, tal y como explica Ibeas, el paro era casi el doble al actual pero lo que ocurre es que en ahora la gente está trabajando pero no sale de pobre". 

Lo cierto es que en estos momentos el panorama laboral es bastante halagüeño. El paro ha bajado en Euskadi un 11% en un año y ya se recupera el 98% del empleo destruido en la crisis de la pandemia. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 23.717 trabajadores en los últimos tres meses, lo que supone el mayor incremento registrado históricamente entre los meses de septiembre y noviembre. La fuerza laboral de la CAV ha quedado fijada en 976.838 cotizantes, por encima de la cifra de febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Unos datos que sin duda chocan con la realidad que viven algunas familias y que se ve reflejada en las atenciones llevadas a cabo por organizaciones como Cáritas. 

No obstante, no todo ese empleo es de la calidad suficiente. La Fundación FOESSA, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, impulsada por Cáritas, ha elaborado su último informe  sobre "precariedad e inestabilidad, amenazas para el trabajo decente". En él recogen que el 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial y casi la mitad de ellos, el 48,1%,
sufren la parcialidad indeseada; es decir, se mantienen en esa situación contractual porque no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o conseguir la ampliación horaria en su actual empleo, con lo que eso significa en cuanto a merma de nivel de ingresos y el bienestar y comodidad asociadas a ellos. 

La temporalidad en las contrataciones y la corta duración estas es otra de las realidades del mercado laboral. En agosto del presente año, y según el Informe del Servicio Público de Empleo
Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3% del total firmados en ese mes y, de ellos, casi cuatro de cada diez, el 37,8%,
tuvieron una duración inferior a siete días. Además, hay un problema especialmente grave con los sectores de edad de más de 50 años que son aquellos a los que más les cuesta encontrar un nuevo trabajo si pierden el que tienen. 

Otra de las cuestiones es la del acceso a la vivienda. Los precios de los alquileres no dejan de subir y Cáritas alerta de que puede ser el inicio de una nueva burbuja. De hecho, Euskadi sigue siendo una de las comunidades con los alquileres más caros y San Sebastián concretamente es la ciudad más cara de España con un precio de 15,8€ por metro cuadrado. Por ello, el Gobierno vasco acaba de ampliar las ayudas por primera vez en diez años, de 225 a 250 euros. 

A esto hay que sumar el alto precio de la vida. El IPC está totalmente desbocado en Euskadi y aunque en noviembre se ha moderado, sigue en cifras históricas por encima del 5%. Concretamente está ya en el 5,1 % a causa del encarecimiento de la energía y la alimentación. 

Todo esto, sumado a un factor positivo como es una mayor capacidad por parte de Cáritas de atender a más personas, da esa preocupante cifra de más de 1.000 atenciones mensuales. Por todo ello, Cáritas y FOESSA vienen alertando repetidamente de que el trabajo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social. Aseguran que contar con un empleo, más aún si éste es precario, no protege ante situaciones de exclusión o pobreza, lo que se debe "asumir y comprender desde los sistemas de protección pública para abordar ese problema".