Sociedad

Imputados los exjefes de ETA ‘Kantauri, ‘Antza’ y ‘Anboto’ por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Los informes señalan que dada su "posición de dominio" dentro de la banda, pudieron haber detenido el secuestro y posterior asesinato del concejal de Ermua

8 julio, 2022 11:56

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como imputados a tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años: José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, Miguel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza, y María Soledad Iparraguire, alias Anboto. En un auto de este viernes, el magistrado considera que pudieron incurrir en delitos de secuestro y asesinato terrorista. Por otro lado, el magistrado ha acordado archivar la causa para Ignacio Miguel Gracia 'Iñaki de Rentería' por la prescripción de los delitos que se le imputaban, aunque también le considera responsable de los hechos. 

Este giro llega después de que el pasado mes de marzo la Audiencia Nacional decidiera reabrir el caso por el asesinato del concejal del PP de Ermua. Y lo hacía tras admitir a trámite una querella  presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y encargar informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Una investigación que se ha centrado en el llamado 'Comité Ejecutivo' de ETA, ZUBA y en el papel que pudieron jugar en el secuestro y posterior asesinato del concejal de Ermua. Entre ellos, se encuentran José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, Miguel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza, y María Soledad Iparraguire, alias Anboto; además de Ignacio Miguel Gracia 'Iñaki de Rentería, cuya causa se ha archivado. 

Con respecto Kantauri, el juez ha optado por emitir una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a Francia para que le permita ampliar los motivos por los que en su día fue devuelto a España y poder así interrogarle por estos hechos.

Entrada de la Audiencia Nacional / EUROPA PRESS

Entrada de la Audiencia Nacional / EUROPA PRESS

Participación "por omisión"

Según detalla el oficio,  los investigados, como miembros de este órgano, no serían los ejecutores materiales del crimen, pero tuvieron “una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado”. 

“La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó -añade- no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA. Una acción que se llevó a cabo pese a los múltiples llamamientos que se produjeron desde la gran mayoría de la sociedad civil y de la clase política en ese momento. 

El fiscal general apoya seguir investigando el asesinato de Miguel Ángel Blanco / EFE

El fiscal general apoya seguir investigando el asesinato de Miguel Ángel Blanco / EFE

Caída de la cúpula de ETA en Bidart

El juez, que ya fue el instructor de la causa hace 25 años, relata cómo tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, la organización terrorista diseñó una nueva estrategia orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento.

Entre 1993 y 1994, la nueva cúpula etarra planificó y puso en marcha la denominada “estrategia de desestabilización”, que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos, así como la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532 días, del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real. 

En el caso concreto del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia' como autores materiales.