Lo ocurrido con los símbolos de ETA y los presos en Aste Nagusia va a llegar a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno admite la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia, tras pronunciarse a favor de ello la Fiscalía, e investigará la colocación de carteles de presos de la organización terrorista en la txosna de "Txori Barrote" durante las fiestas de Bilbao. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, se detalla como el magistrado ha encargado un informe sobre el asunto a las fuerzas de seguridad, para que recaben datos que confirmen los hechos denunciados y comprobar si se ha producido un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.
Esta denuncia era interpuesta por Daniel Portero, presidente de "Dignidad y Justicia" y diputado popular en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que ha generado ya diversas polémicas con las víctimas del terrorismo. En la misma, Portero detalla que la txosna de la comparsa de "Txori Barrote" "está exhibiendo de forma pública y ostentosa fotografías de presos de la organización terrorista ETA, muchos de ellos condenados por asesinato". Entre estos presos, los dos autores materiales del asesinato de su padre, Luis Portero, como son Harriet Iragui y Jon Igor Solana.
Posible delito de enaltecimiento del terrorismo
Además, dicha denuncia también afecta a una segunda comparsa, "Kaixo" porque colocar en su lateral un mostrador con una leyenda en la parte de arriba que rezaba "presoen eskubideen aldeko bokatak/bocadillos por los derechos de los presos", con la misma mecánica que en la venta de Txori Barrote. Solicita que se investigue si esta exhibición de fotos puede ser constitutiva de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares y de enaltecimiento del terrorismo y justificación de los delitos terroristas, así como que se investigue la venta de mercaderías y comida a favor de los presos de la organización terrorista ETA en las dos txosnas, Txori Barrote y Kaixo, y el destino del dinero recaudado.
Esta situación lleva ya mucho tiempo despertando el malestar de las víctimas.Colectivos como Covite, la Fundación Fernando Buesa o Ego Non llevan alertando todas estas semanas de estos episodios y de la "utilización del espacio público por parte de la izquierda abertzale". Además, señalan a las instituciones públicas, especialmente los Ayuntamientos, y al silencio que hay desde las mismas. Las únicas palabras hasta el momento han venido desde el Gobierno vasco. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha incluido estos actos dentro de la "libertad de expresión", pero asegurando que "todo tiene sus límites".