El Tribunal Superior vasco ha rechazado la vuelta a Euskadi del juez que durante ocho años se 'forró' con la administración de empresas en quiebra. El magistrado Edorta Etxarandio había pedido una plaza para la Audiencia de Bizkaia para dejar su actual destino en la Audiencia de Navarra, donde ocupa el puesto de juez especialista en el área mercantil desde hace cuatro años.

Etxarandio ya intentó en 2020 acceder al máximo puesto de los jueces en Euskadi, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero no logró su propósito y, entre los seis aspirantes presentados, el puesto recayó en Iñaki Subijana. Entonces, la intención de Etxarandio de presentarse ya causó estupor en medios judiciales vascos por sus antecedentes en el paso a la empresa privada.

El Consejo General del Poder Judicial ya reprendió hace dos años la actitud del juez Edorta Etxarandio que intentó silenciar la difusión de sus negocios privados. El magistrado se quejó ante la entonces presidenta en funciones del Superior vasco, Garbiñe Biurrun, por el hecho de que se difundiese un artículo de 'Crónica Vasca' en el resumen de prensa del Consejo General del Poder Judicial.

Otro artículo publicado el 20 de septiembre de 2020 y recogido dos días después por el portal digital la haine.org también levantó ampollas. En la información, se contaba cómo Etxarandio se 'forró' con el negocio de la administración concursal, porque al comenzar la crisis, en 2008, dejó la carrera judicial y durante ocho años (de 2008 a 2016) pasó al ámbito privado como administrador concursal, un negocio que en esos años estaba al alza por la recesión iniciada precisamente en 2008. Únicamente entre 2009 y 2013 se llevó la administración de 68 concursos y era el sexto administrador de toda España entre un listado de más de 9.000.

Y es que la historia de Edorta Etxarandio se asemeja demasiado a las famosas puertas giratorias. Tras una década como abogado, entró en la carrera judicial en 1994 a través del denominado sistema de turnos. Un modelo, implantado por el entonces Gobierno del PSOE liderado por Felipe González, que evitaba las oposiciones y que se justificó por la renovación de un colectivo de jueces considerado entonces excesivamente girados a la derecha. Se buscaba ampliar el espectro ideológico pero el método supuso, a la vez, según medios judiciales, que cada partido tuviera sus cuotas de jueces.

A Etxarandio se le asocia a la cuota del PNV. Él es nacionalista, según sus conocidos, y de hecho cambió sus apellidos: el abogado Edorta Josu Herrera Echarandio se convirtió en el juez Edorta Josu Etxarandio Herrera. Primero fue juez en Amurrio (1994-1999), magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Bilbao (1999-2002), magistrado titular de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia (2002-2006) y magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao (2006-2008).

Durante su carrera en este juzgado de lo mercantil se encargó de grandes asuntos, como la pugna entre los gigantes eléctricos Iberdrola y EDF, que falló a favor del primero, la quiebra de Fonorte (el sonoro enfrentamiento del constructor Jabyer Fernández con el diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao, el empresario que se benefició y perdió con el poder) o de Viajes Marsans.

La entrada en crisis de una empresa (el concurso de acreedores, anteriormente denominado suspensión de pagos) supone la inmediata intervención judicial, que luego designa a los llamados administradores concursales que se encargan de la gestión de la compañía. Adquieren un gran poder, ya que deciden sobre cuestiones tan importantes como las ventas y compras de la empresa en quiebra, la situación de los trabajadores o la responsabilidad de los hasta entonces gestores de la empresa.

La gestión de los concursos ha sido un buen negocio durante la fuerte crisis de la última década: junto a una cantidad fija estipulada en la ley, se puede obtener un 50% de retribución adicional si así lo estima el juez y el adjudicatario también se lleva el 1% de los bienes que se recuperen de la quiebra de la empresa.  En España, en el proceso de Martinsa Fadesa, el más grande de los últimos años, la retribución ha llegado a los cuatro millones de euros para los administradores concursales, En estas tareas, y con éxito, ha estado ocho años el juez Etxarandio.

Su actividad como administrador concursal entre 2008 y 2016 tuvo episodios polémicos. Etxarandio fue denunciado a finales de 2010 en el concurso de Viajes Marsan por esta empresa, donde era administrador concursal, por designar como auxiliar en el concurso a Antonia Magdaleno, una de las directivas del despacho Broseta por el que el exjuez fichó a finales de 2008. Esa relación profesional en el mismo despacho impedía, según establece la Ley concursal, dicho nombramiento.

Cuando Etxarandio era todavía juez de lo mercantil, designó en 2008 a Magdaleno administradora del caso de Construcciones Loizate y tres meses después, también formó parte del concurso de la constructora Urazca (una de las primeras quiebras importantes en Euskadi) por designación del juez Edorta Etxarandio. A finales de ese año, fichó por el despacho de abogados de Antonia Magdaleno.

Su entonces jefa entró en 2020 en prisión: Antonia Magdaleno, conocida como la reina de los concursos de empresas en quiebra, fue condenada a cuatro años de cárcel por estafa.

En junio de 2016, tras solicitar su vuelta a la carrera judicial, el Consejo General del Poder Judicial, aprobó su nombramiento como juez de primera instancia de San Sebastián. Su designación apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del 1 de septiembre. Aquí también hay otro hecho polémico: Etxarandio se mantuvo como consejero y presidente de la empresa Cuevas&Ibarnavarro S.L. hasta el 13 de octubre de 2016. El Boletin Oficial del Registro Mercantil del 21 de octubre de 2016 (página 46152) refleja el cese de su cargo y el nombramiento de uno de sus hijos como presidente. La compañía tenía entonces como consejeros a su otro hijo y su esposa, quien es procuradora de los tribunales en Bilbao.

Mantuvo a su nombre su negocio privado casi cuatro meses desde la aprobación de su vuelta a la carrera judicial y mes y medio desde que apareciera en el boletín oficial su puesto como juez. El reglamento de la Carrera Judicial expresa en el artículo 326 que el juez que regrese de una actividad privada debe cesar de ella en un plazo de ocho días “desde que se produjo el nombramiento”.

Etxarandio podría haber incumplido la norma de los ocho días, pero el criterio no está claro. Fuentes judiciales consultadas han revelado que habido casos de jueces que han dejado su actividad privada antes incluso de solicitar su reingreso a la carrera judicial, sin que el Consejo del Poder Judicial comentara nada. Y otros casos que siguieron cobrando de la esfera privada hasta justo ser destinados en su plaza, lo que no fue vetado por el Poder Judicial. En el caso del juez Etxarandio, desde la publicación en el boletín de su nombramiento hasta el cese en su negocio familiar pasaron 43 días.

Permaneció dos años en San Sebastián, ya que el 12 de septiembre de 2018 el Boletín Oficial del Estado publicó su nombramiento como magistrado de la Audiencia de Navarra “correspondiente al orden civil, especializada en mercantil, ocupando plaza de especialista”.  La jurisdicción civil abarca un área muy amplia: desde divorcios a temas de arrendamientos. A Etxarandio se le nombró especialista en los asuntos mercantiles, los relacionados con las quiebras de las empresas, en los que tuvo un negocio privado durante ocho años. No juzga los casos, sino que resuelve las apelaciones y recursos en la Audiencia navarra.

Ahora, el polémico magistrado ha querido volver a Euskadi, en concreto a una plaza vacante en la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia. Concurrió junto a otros nueve aspirantes y pasó el primer corte, que dejó a cuatro jueces, según se refleja en el acta de la reunión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, celebrada el pasado 7 de octubre.

Pero en la segunda votación ya quedó eliminado. Finalmente, tras una tercer corte en el que ya solo quedaron dos aspirantes, la plaza recayó en el juez de instancia de Bilbao Francisco Javier Osa.