Aumentan un 90% los robos con violencia e intimidación en Euskadi

La delincuencia crece en Euskadi, especialmente aquella llevada a cabo con violencia o intimidación. Así se refleja en la Memoria de la Fiscalía del TSJ del País Vasco, de la que se extrae que en 2022 los robos de estas características han aumentado un 90,55% respecto al año anterior, siendo la vía pública el lugar predominante en el que se producen y la reincidencia de sus autores de un 40%.

"En las tres Fiscalías provinciales se constata el aumento de procedimientos, relacionado con el aumento de la actividad delictiva. Las circunstancias anómalas que se vivieron en años anteriores se han visto superadas volviendo a datos similares a periodos prepandemia. De todos modos, si la comparativa es con los previos a la pandemia, el aumento en el resultado no resulta tan llamativo", ha matizado la Fiscalía del TSJ en su Memoria, y recogido EFE. 

Así, en Bizkaia se incoaron 84 en 2022, registrando un aumento del 23,5%, sobre todo agresiones y abusos sexuales, así como maltrato familiar; mientras que en Álava fueron 34, un aumento del 70% y en Gipuzkoa fueron 59, un aumento del 55,26%, la mayor parte de los procedimientos por delitos contra la libertad sexual.

En cuanto a los delitos "contra la vida", en 2022 hubo 105 homicidios en grado de tentativa o consumados y 10.650 de lesiones. En Bizkaia se han registrado 46 delitos contra la vida -25 delitos de homicidio doloso, consumado y en grado de tentativa, y 21 por imprudencia-.

Aumento "preocupante" de delitos contra la libertad sexual

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, según las estadísticas policiales que cita la Fiscalía hubo 784 en 2022, un 13% más, por lo que siguen en aumento "de forma preocupante". La mayoría de ellos, 620, se registraron en Bizkaia, lo que supone un aumento del 18,32%. 

Por ello, la fiscalía pide una mayor protección para las víctimas de delitos sexuales en el propio procedimiento judicial: "No podemos y no debemos permitir que una víctima tenga que repetir una y otra vez los hechos y que al cabo de 2 o 3 años tenga que revivirlos nuevamente en un juicio. Como juristas, como fiscales y como personas -añade- tenemos la obligación legal y moral de amparar y acoger a las víctimas y velar porque su identidad, sus derechos fundamentales estén protegidos siempre".