“Éxito rotundo”, según los sindicatos, de la primera jornada de huelga de la Administración pública vasca, con un seguimiento en la mayoría de los sectores superior al 75%. Miles de trabajadores públicos han recorrido las arterias principales de las tres capitales vascas bajo el lema “Para fortalecer los servicios públicos, salarios y empleo pactados aquí”. Y es que reclaman que los convenios de la Administración pública, se negocien en Euskadi y no en Madrid, algo que “no es competencia del Gobierno vasco”, ha reiterado este mismo miércoles el lehendakari, Iñigo Urkullu, “es competencia del Gobierno central”. 

Según los datos de las centrales sindicales convocantes, en Educación el seguimiento ha sido superior al 75%, en muchos ayuntamientos superior al 90% y  en el transporte público del 58% -cuando estaba establecido un 30% de servicios mínimos-. Servicios mínimos que muchos sindicatos han calificado de “abusivos”, ya que a su juicio “no respetan el derecho de los trabajadores a la huelga”. 

“Salimos a la calle en protección del sistema público, en defensa de un sistema público con una inversión insuficiente y para negociar que las condiciones se negocien en el ámbito que les corresponde”, defiende Gabirel Pérez, portavoz del sindicato SATSE. “En el caso de Osakidetza llevamos años con unas cargas sistematizadas, plantillas escasas… Necesitamos que la calidad sea superior”. 

Recuerda que llevan 14 años con el convenio caducado, con “unas condiciones de trabajo no se reflejan en las necesidades que tenemos en 2023. En materia de conciliación, por ejemplo, debería estar actualizado”. Y critica la temporalidad que “trae unas condiciones peores y una calidad inferior en el cuidado de las personas. Por eso buscamos una bajada de la temporalidad del sector público”.

Y es que, insiste, que desde Europa se ha marcado el 8% y en Osakidetza esta cifra “no se va  a poder conseguir. Ya que con las últimas OPES se van a consolidar 11.000 puestos. La plantilla de Osakidetza supera las 40.000 personas y tiene una eventualidad cercana al 45%. Con menos de un tercio de la plantilla consolidada sería muy complicado bajarlo a un 8%”, explica. 

Algo en lo que coincide Ainhoa Astigarraga, portavoz del sindicato Steilas, que insiste en que la interinidad es otro problema latente en la educación pública vasca: “La tasa es desproporcionada y todos esos puestos de trabajo si no se reconocen y no pasan a ser parte de plantilla serán suprimidos en breve ya que con la gran bajada de natalidad de los últimos años, si no se blinda la escuela pública nos podemos encontrar ante la situación de que los índices se bajarán porque desaparecerán los puestos de trabajo”. 

Quien además, indica que en los últimos años el nivel de complejidad del sistema ha aumentado, porque “las metodologías son mucho más complejas y mucho más universales, y muchas veces tenemos una carga laboral sobredimensionada. Estamos pidiendo que nuestra carga laboral baje y que nuestros convenios se renueven con buenas condiciones laborales, ya que hay sectores con 10 o más años sin renovar su convenio”.