El próximo martes están convocados por ELA, LAB, CCOO, Steilas y ESK más de 150.000 funcionarios a la huelga del sector público con el fin de exigir "la creación y consolidación del empleo público" que sitúe la temporalidad "por debajo del 8%".
Pese a que no es la primera huelga de funcionarios -a esta le preceden la del pasado 25 de octubre y 19 de diciembre-, esta vez los sindicatos estudian pedir medidas cautelares antes los servicios mínimos que han sido fijados por Lakua, ya que a su juicio con ellos "se pretende obstaculizar el ejercicio del derecho a la huelga con el único objetivo de minimizar su impacto". Además, aseguran que estos no han sido negociados.
Creen "evidente" que las Administraciones "apuestan por perpetuar y aumentar unos servicios mínimos superiores a los que establecía antes de la pandemia. La crisis sanitaria supuso la excusa perfecta para aumentar exponencialmente los servicios mínimos", han denunciado. Y han ejemplificado que en Osakidetza, "en Atención Primaria se venían estableciendo los mínimos de un festivo, mientras que ahora se imponen los de un sábado".
Bajo este contexto, han anunciado que estudian pedir medidas cautelares para garantizar el derecho de huelga a este colectivo. Asimismo, han señalado que, en los últimos días, se están celebrando cientos de asambleas en los centros de trabajo. En ellas las plantillas muestran su "sorpresa e indignación, y no entienden cómo, tras dos jornadas de huelga y estando a puertas de la tercera, las instituciones no muestren ninguna voluntad de reforzar el sector público y mejorar las condiciones laborales de las personas que los llevan a cabo".
"Aunque esto sea así, en las comarcas donde hay cultura de votar el apoyo o no a la huelga (ayuntamientos, escuelas, etc.), el voto a favor está ganando terreno en todas las votaciones realizadas. En consecuencia, los sindicatos confían en que el seguimiento de la huelga del 12 de marzo sea amplio", han precisado.