El Superior rechaza indemnizar a la hormigonera ilegal de Bilbao, que debió derribarse hace ocho años

El Tribunal Superior vasco ha rechazado indemnizar con casi 5 millones de euros a la hormigonera ilegal de Bilbao, cuyo derribo está pendiente desde hace más de ocho años. Los propietarios de Hormigones Vascos han perdido ya ocho pleitos judiciales desde que los tribunales ordenaron la demolición en 2016.

Pese a ello, la fábrica, ubicada en las faldas del monte Pagasarri (junto a uno de los peajes de la Supersur, la autovía que circunvala la capital vizcaína) sigue en pie. La instalación estuvo elaborando hormigón sin permiso durante cinco años.

Esta es la historia de una hormigonera, construida la década pasada en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri, que debió parar su actividad en 2011 pero siguió fabricando hormigón hasta 2016.

Consiguió un singular y polémico permiso para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para la Supersur (las obras terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Su construcción fue denunciada en los tribunales por un propietario cuyos terrenos se expropiaron para habilitar la fábrica y solo la intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al consistorio, que durante cuatro años hizo caso omiso a la paralización de la actividad.

El Tribunal Superior vasco ordenó en octubre de 2016 el cierre y la demolición de la fábrica por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016.  Se trata además de una fábrica que recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.

Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

Hace ya seis años, en marzo de 2018, el Tribunal Superior vasco lanzó un severo rapapolvo a las administraciones públicas. Censuró, en una sentencia, hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos.

Los reproches del Tribunal Superior al Ayuntamiento de Bilbao confirman su parcialidad en este caso. Primero permitió la ubicación de una fábrica en un suelo no urbanizable; luego incumplió el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011.

Solo intervino en 2015 cuando recibió el toque de atención de la Fiscalía. Con la sentencia del cierre, en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.

Pese a que, en mayo de 2016, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017, la planta sigue en pie hoy en día. 

La compañía ha hecho caso omiso y se ha dedicado a presentar recursos administrativos y judiciales.  Pero los ha perdido sistemáticamente. Primero fue la sentencia del Tribunal Superior vasco que ordenó el cierre en 2016, confirmada por el Tribunal Supremo en 2017.

El tercer fallo judicial contrario fue también en 2017 por un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao que ordenó el cese de la actividad. El 26 de octubre de 2018, otro juzgado (el número 5 de lo contencioso administrativo de Bilbao) ratificó la demolición al rechazar, como esgrimió Hormigones Vascos, que la fábrica se ubicase en suelo urbano y que el caso estuviera prescrito.

En octubre de 2018 el Tribunal Superior, en otra sentencia, ratificó el derribo porque la superficie que ocupa la fábrica de hormigón es suelo no urbanizable.

El sexto pleito perdido viene de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Bilbao en marzo de 2021. En el fallo, se ratificaba la orden del Ayuntamiento de Bilbao que, en marzo de 2018, dictó el derribo de la fábrica porque “al haber finalizado las obras [de la Supersur] en septiembre de 2011, dicho momento determinó el cese de los efectos de la licencia” concedida por el Consistorio bilbaíno.

Pese a los reveses judiciales, Hormigones Vascos presentó poco después una demanda en lo contencioso-administrativo exigiendo una indemnización de 4,8 millones por el cese de su actividad. Argumentaba que solo han podido usar la fábrica tres años cuando, según su versión, la Diputación vizcaína les prometió diez años.

El juzgado de lo contencioso 2 de Bilbao rechazó la petición en un fallo dictado en noviembre de 2022. Y ahora, el Tribunal Superior ha ratificado la desestimación de cualquier tipo de indemnización.

En una sentencia firmada el pasado 4 de julio, confirma los argumentos del juzgado. “HHVV [Hormigones Vascos] era consciente, desde un primer momento, de que la licencia estaba vinculada a la ejecución de las obras de la variante sur metropolitana”, señala.

Agrega que “los daños que dice haber sufrido” son “consecuencia de la extinción de la licencia de que venía disfrutando HHVV”. La sentencia añade que dicha extinción “fue acordada por el Ayuntamiento, como administración competente en la materia, sin que la DFV [Diputación Foral de Bizkaia] pudiera hacer nada al respecto. De manera que, tal y como se ha adelantado, la magistrada acertó al llegar a la conclusión de que no existía relación de causalidad entre tales daños y la actuación de la DFV”.

El Ayuntamiento de Bilbao tiene encargado desde la década pasada un proyecto a una empresa externa ante la negativa de Hormigones Vascos a acometer la demolición. Además, cuenta con un informe sobre los costes de la demolición, que ha asegurado acometerá de manera subsidiaria tras la negativa de la empresa. El presupuesto total del derribo se elevaba entonces a 958.855 euros.

Las artimañas de los responsables de esta fábrica ilegal en Bilbao han llegado hasta la insumisión judicial. Hormigones vascos se negó a pagar las costas a las que fue condenado por el pleito principal que ordenó el derribo: un total de 5.927 euros.  Los tribunales tuvieron que iniciar una investigación para identificar el patrimonio y localizar las cuentas bancarias de Hormigones Vascos para proceder al cobro.

Ocho años lleva en pie ya está fábrica ilegal. Tenía que haberse derribado en 2016 pero los propietarios, Hormigones Vascos, se han dedicado a presentar recursos en los tribunales. Han pedido ocho pleitos judiciales, los dos últimos en los que incluso pedía una indemnización.

El desparpajo ha sido continuo: protagonizaron una insumisión judicial para no pagar las costas, estuvieron cinco años fabricando hormigón ilegalmente y recibieron más de 4,7 millones de dinero público de más que dudosa justificación. Pero ahí sigue la fábrica. Incomprensible.