Una juez de San Sebastián ha sido apartada por tener pendientes de dictar más de 200 sentencias. Los fallos que aún no ha sido resueltos corresponden a un periodo de siete meses, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, aunque las demoras en su cometido se remontan a los últimos cuatro años, según el juez decano de San Sebastián.
Las autoridades judiciales incoaron cinco expedientes disciplinarios a la juez, que concluyeron con una sanción “por infracción grave por retraso”. Además, la paralización en la resolución de las 200 sentencias obligará a celebrar otros tantos nuevos juicios.
El caso tiene como protagonista a una juez sustituta, que está al cargo del juzgado de lo social número 5 de San Sebastián. Según los datos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha estado en ese cometido de sustituciones en varios juzgados de Gipuzkoa. En los últimos cuatro años se había detectado “un retraso a la hora de dictar la resolución correspondiente, acumulando varias quejas y expedientes disciplinarios nº 5/2024, 15/2024, 19/2024, 22/2024 y 23/2024 incoados por el Promotor de la Acción Disciplinaria del Servicio de Inspección del CGPJ”, el Consejo General del Poder Judicial, la máxima autoridad de la Justicia.
Ante ello, el Tribunal Superior Vasco citó a varias entrevistas a la juez para que explicase los retrasos. “No compareció a dichas entrevistas ni alegó formalmente el motivo del retraso, si bien informó al decanato de San Sebastián que se encontraba de baja, sin acreditarlo documentalmente”, señala el alto tribunal.
La comisión del Superior vasco que designa los jueces sustitutos no le incluyó en el listado para el curso 2024-2025 y quedó “finalmente excluida por falta de idoneidad para el cargo”, según el acuerdo adoptado el pasado 24 de julio de 2024 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
El juez decano de San Sebastián asegura haberse puesto varias veces en contacto con la juez para “interesarme por la situación personal” y por los retrasos en las sentencias “sin obtener una respuesta satisfactoria a esta segunda cuestión”. Estas demoras han causado una gran preocupación en los abogados y graduados sociales de Gipuzkoa, según el juez decano.
En concreto, la juez apartada tiene pendientes, solo en el juzgado de lo social número 5, un total de 198 sentencias, ocho autos de aclaración y tres autos en procedimiento de ejecución. A ello se agregan 106 expedientes, “sin que se sepa si van a ser o no devueltos, lo que requerirá, en su caso, iniciar un expediente de recuperación de autos” y otras 9 sentencias en el juzgado de lo Social 1.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco ha acordado que se nombre otro juez para que, durante un plazo de seis meses o un año, se vuelvan a celebrar los más de 200 juicios.
No es el único caso en Euskadi de un magistrado que incumple gravemente su trabajo. Hace diez años, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya suspendió de empleo y sueldo durante nueve meses al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo por haber acumulado en 11 meses más de 200 sentencias sin dictar. En 2021, el juez fue expulsado tras ser sancionado en una decena de ocasiones en los últimos años. Si de media un juez dicta 240 sentencias al año, el magistrado de Barakaldo firmaba tres al mes.
Es escandalosa la dejación de funciones de una juez, especialmente en el apartado social, donde se juzgan asuntos tan sensibles como despidos de trabajadores, indemnizaciones o acoso laboral. E igualmente sangrante que los retrasos se remonten a los últimos cuatro años. Hay muchas personas cuya vida y futuro está condicionada a la resolución de unas sentencias, que deberían ser especialmente rápidas.