El casoplón de 11 baños / CV
Una juez progresista y nacionalista decidirá el derribo del casoplón de 11 baños
Se ha nombrado como ponente a Olatz Aizpurua, una magistrada con más de 40 años de experiencia
Más información: El Superior estudia ya confirmar definitivamente el derribo del casoplón de 11 baños
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Una juez de perfil progresista y nacionalista vasca tomará la decisión definitiva sobre el derribo del casoplón de 11 baños de Aia (Gipuzkoa) promovido por la familia de una exconcejal del PNV.
En una diligencia dictada el pasado 6 de octubre por una sala especial del Tribunal Superior vasco, se ha nombrado como ponente (la que redactará el fallo) a Olatz Aizpurua, una magistrada con más de 40 años de experiencia.
Se cumplen casi dos años desde que el Tribunal Superior vasco ordenara la demolición por contravenir la ley vasca de Suelo (se reconstruyó en un lugar diferente al del caserío original y en un área de especial protección), una decisión que fue confirmada en julio pasado por el Tribunal Supremo.
Este tribunal rechazó que la demolición del palacete fuera “gravemente dañosa” para los “intereses generales” y que pudiera afectar a la mitad de los municipios vascos que han aprobado licencias de reconstrucción de caseríos, como habían sostenido en un argumento falaz. Constató que no hay sentencias contradictorias que le obliguen a intervenir e impuso el pago de las costas procesales al ayuntamiento y a los promotores.
Los afectados, el Ayuntamiento de Aia y los promotores del palacete (la familia de la exconcejal del PNV en Zarautz Maite Garrastazu), han agotado sus últimas posibilidades judiciales al recurrir la demolición tanto ante el Supremo como al Superior en casación. Esta opción solo permite abordar si la sentencia de derribo de hace dos años incumple la ley, en este caso, el artículo 30 de la Ley vasca de Suelo que impide la reconstrucción de caseríos en áreas protegidas salvo en casos excepcionales.
Tras el rechazo del Supremo, el caso ha ido al Superior vasco, que este otoño adoptará una decisión que ya es firme. La sala especial del Superior encargada del caso está formada por cinco jueces, entre ellos la ponente que deberá redactar el fallo y el actual presidente de lo contencioso del Superior, Luis Ángel Garrido. Pero los otros cuatro jueces solo se limitan a avalar la decisión de la ponente y, en caso contrario, emitir votos particulares.
Las posibilidades de que se paralice el derribo del casoplón son mínimas. De hecho, el recurso de casación es una figura con poco recorrido. Fuentes jurídicas han señalado que todas las sentencias de casación (una docena promulgadas) sobre este artículo de la Ley de Suelo han sido inadmitidas en estos 20 años. Y, en relación a otros asuntos, solo unas pocas se han admitido, pero no se ha aprobado ningún recurso de casación, según los mismos medios,
La ponente Olatz Aipurua fue muy conocida en los 90 porque investigó el llamado caso Azpiegitura, una presunta estafa de más de medio millón de euros en un edificio de la Diputación de Bizkaia. Pero todo quedó en nada con la absolución de los imputados por parte del Tribunal Supremo en 2003.
La contundente sentencia del Tribunal Superior vasco de enero de 2025 declaraba nulos hasta cuatro decretos y acuerdos del Ayuntamiento de Aia que autorizaron tanto la construcción como las obras de urbanización del casoplón en 2013, 2015 y 2017.
La familia Garrastazu aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la planta del palacete es 2,5 veces mayor:469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrinos. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko y de la Diputación de Gipuzkoa.
Imagen del casoplón de 11 baños
En su sentencia, el Superior señalaba que hay un incumplimiento claro de la ley vasca de Suelo, ya que “la reconstrucción de los caseríos se debe llevar a término allí donde se encuentra la estructura edificada que permita identificarlos como tales”. En este caso, se sitúa a unos 200 metros. Pero tanto el ayuntamiento como los promotores han sostenido en todos los litigios judiciales que el hecho de ubicarse a esa distancia no lo invalida.
Gestión judicial
El Superior señalaba que la nulidad de la edificación del palacete conlleva la ilegalidad de las obras de urbanización, que también fueron denunciadas en los tribunales.
Además de la demolición, el Superior ordenó la apertura de un expediente sancionador urbanístico que afectaría tanto a los promotores como a los cargos y técnicos municipales que han intervenido.
Los promotores se enfrentan a un perjuicio económico de casi 4 millones de euros. La multa se puede elevar a 2,4 millones, a lo que se agregan otros 150.000 euros del derribo y la restitución del terreno a su estado. El perjuicio se acercaría a los 4 millones de euros, con los 1,4 millones de euros que se calcula que han costado las obras del palacete.
En estos 11 años de pleitos se han conocido una quincena de irregularidades en este caso, desde el oscurantismo municipal, un rocambolesco expediente sancionador que se resolvió sin practicar pruebas y una licencia fantasma que apareció cinco años después hasta un informe de la Ertzaintza que confirmaba las irregularidades urbanísticas que fue obviado por un juzgado o los cinco imputados que quedaron exonerados por pararse la investigación judicial.
