Detenidos dos empresarios en Bilbao por explotar a trabajadores en una fábrica de confección textil clandestina

Nuevo caso de explotación laboral que se ha saldado con dos detenidos. La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios en Bilbao por explotar a cinco trabajadores sin permiso de residencia ni trabajo en una fábrica de confección textil, donde estos empleados cobraban de salario 200 euros mensuales por trabajar todos los días de la semana de siete de la mañana a cuatro de la tarde. La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia, tal y como ha informado en una nota la propia Policía Nacional, y ha recogido Europa Press. Además de los delitos penales en que han incurrido, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, estos empresarios se enfrentan a sanciones de 10.000 euros por cada trabajador contratado en estas condiciones irregulares. 

La operación se ha desarrollado en una empresa textil ubicada en una nave industrial del barrio bilbaíno de Ametzola, hallando en su interior a seis trabajadores, de los que cinco se encontraban en situación irregular, al no contar con permiso de residencia y trabajo en nuestro país. Según las declaraciones de los propios trabajadores, cobraban 200 euros mensuales por jornadas laborales que comenzaban a las siete de la mañana y concluían a las cuatro de la tarde, siete días de la semana.

En este sentido, han explicado que, si se quejaban o negaban a trabajar así, les obligaban a aceptar mediante amenazas con informar a la policía para que les expulsaran de España. Además, tal y como han detallado los investigadores, como medida de seguridad, el local siempre estaba cerrado desde dentro para evitar cualquier inspección policial y sólo se abría, previo aviso telefónico, cuando se iba a producir la entrega del material necesario para confeccionar las prendas en las que trabajaban.

Por todo ello, el pasado jueves se procedió a la detención de los dos empresarios que regentan la nave, una pareja de origen marroquí que se enfrenta, además de a las posibles consecuencias penales por estos delitos, a sanciones en materia laboral de 3.000 euros por cada empleado no dado de alta en la Seguridad Social y de 10.000 euros por trabajador irregular y sin permiso de trabajo.