El Supremo confirma la condena al alcalde de un concejo alavés de 19 habitantes: robó 145.000 euros

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación al alcalde del concejo alavés de Ribaguda entre 2009 y 2013, Fernando Campo, por un delito de malversación de caudales públicos al apropiarse de 145.183 euros que pertenecían a esa Junta Administrativa.

La Sala Penal del Supremo confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que a su vez había ratificado el fallo de la Audiencia de Álava. Esta lo había condenado por apropiarse entre 2010 y 2013 de dinero existente en las cuentas del concejo de titularidad pública y traspasarlo a una cuenta personal.

El alto tribunal español considera probado que el dinero depositado en las cuentas era de titularidad de la Junta Administrativa de Ribaguda, en el término municipal de Ribera Baja, y que procedía de justiprecios expropiatorios y subvenciones de diversas administraciones públicas.

"Resulta patente que se realizó una sustracción de dichos caudales, apartándolos de la pública disponibilidad, desviándolos así de su destino con fines de apropiación, como se evidencia del ingreso en cuenta de disponibilidad exclusiva propia", argumenta el Supremo en su resolución.

Por ello concluye que al desviar ese dinero el procesado cometió un delito de malversación de caudales públicos, por lo que además de a 4 años de cárcel y 8 de inabilitación lo condena como responsable civil a indemnizar al Concejo de Ribaguda con la cantidad malversada más los intereses legales.