Un nuevo juzgado se suma a la investigación sobre los cobros millonarios del plan de Larrabizker

Otro juzgado investiga si son legales los polémicos cobros millonario por cargas urbanísticas en el plan de Larrabizker, en Mungia, con el que pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,1 millones de euros. El juez ha rechazado las pretensiones del ayuntamiento vizcaíno de que no se podía cuestionar en los tribunales el pago de las facturas.

Este caso tiene abiertos otros dos frentes judiciales: el fallo sobre la legalidad del proyecto de urbanización, incluyendo el controvertido aumento del porcentaje de cobro de tasas que el consistorio incrementó sin ninguna justificación del 11.5% previsto en sus normas hasta casi un 20%, y una instrucción judicial sobre cuatro parcelas concretas.

La polémica del plan de Larrabizker reside en que los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 26 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los vecinos han llevado a los tribunales estas irregularidades. En mayo de 2020, el Superior vasco (en contra del criterio de cuatro juzgados, que habían ordenado la suspensión del cobro millonario tras los pleitos presentados por una docena de vecinos) permitió al Ayuntamiento seguir con dichos cobros. Argumentó que no había perjuicios “de imposible o difícil reparación” para los afectados pero abría la opción de que continuarán con sus reclamaciones en los juzgados.

Los afectados lo hicieron y, al abrirse el proceso, el Ayuntamiento de Mungia argumentó que los vecinos no podían cuestionar la legalidad de las facturas y exigió que no se abriese la investigación judicial.

El titular del juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao ha ordenado que prosiga la instrucción. En un auto dictado el pasado 15 de marzo, argumenta que esos cobros “pueden ser impugnados jurisdiccionalmente de forma autónoma” y rechaza las argumentaciones del Ayuntamiento de Mungia.

El caso tiene abierto, además de la legalidad del plan de urbanización, un tercer frente judicial. El pasado 14 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ordenó que prosiga la investigación sobre cuatro parcelas concretas. Así, da la razón a un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de Bilbao, que, el pasado 30 de marzo, dictaminó que se investigasen estos casos. Entendía que el anterior proceso judicial que fue desestimado por el Tribunal Supremo se refería a las demandas planteadas por los vecinos dentro de una asociación y no a situaciones concretas.