El contexto internacional llama a una armonización en el Impuesto de Sociedades

Euskadi no se plantea abordar una reforma fiscal hasta 2022, cuando se haya pasado, o al menos así se prevé, los peores efectos de la crisis del coronavirus. En el momento en el que se aborden los cambios fiscales que se reconocen desde distintas administraciones como necesarios para consolidar la recuperación y financiar determinados servicios públicos que deben reforzarse tras la crisis del coronavirus, Europa puede estar inmersa en un proceso de armonización fiscal que condicionará los cambios que se lleven a cabo en Euskadi.

Aunque la maquinaria europea es lenta, porque es complicado poner de acuerdo 27 intereses diferentes, la Comisión Europea ha presentado ya una "hoja de ruta" fiscal que lleva como propuesta estrella avanzar hacia una armonización del impuesto de sociedades que podría darse a partir de 2023 si se consiguiera el acuerdo, con el objetivo de combatir la evasión fiscal de las multinacionales  y evitar 'fugas' de empresas a países con menor presión fiscal como Irlanda, Bélgica y Luxemburgo. El plan es fijar bases imponibles comunes y establecer mediante una fórmula aún por determinar una redistribución de los ingresos fiscales entre los Estados miembros. 

El Impuesto de Sociedades es una de las tasas sobre las que más han actuado las Haciendas vascas en las sucesivas reformas, y también uno de los impuestos más polémicos. En ocasiones porque los tipos inferiores a otras comunidades para atraer la instalación de empresas han llevado a denuncias, como las conocidas 'vacaciones fiscales' de los años 90, que no eran otra cosa que la exención del pago de este impuesto para empresas de nueva creación; o porque desde sectores que piden un aumento de la presión fiscal consideran que las excesivas deducciones suponen en la práctica reducir al mínimo la cantidad que se abona por esta tasa que grava los beneficios empresariales. Actualmente el tipo que se paga en las tres haciendas vascas está en el 24%, un punto menos que en el territorio común, y en un 20% para las pymes, unos tipos que desde las patronales no quieren que se toquen, al menos de momento, y menos al alza. 

En cualquier caso se trata de un impuesto que a lo largo de todos estos años ha tenido una gran importancia en la política económica a desarrollar y que en la futura reforma puede estar condicionado por las decisiones que tome el Gobierno central para el territorio común y, desde luego, por la deriva fiscal que tome la UE hacia una posible armonización.

"Si sale adelante la propuesta de la CE toda Europa estará obligada y también las Haciendas vascas", señala el catedrático de Hacienda Pública de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri, que recuerda que aunque Euskadi tiene reconocida su capacidad fiscal, ante las decisiones de la UE es "un agente pasivo" ya que son los Estados miembros los que votan las decisiones, que se toman por unanimidad.

Aunque no es optimista sobre que se llegue a un acuerdo rápido sobre esta cuestión en el marco europeo, precisamente por las dificultades de conseguir esa unanimidad por los intereses que se juegan muchos países en esta reforma, insiste en que la próxima reforma que se lleve a cabo en Euskadi "estará limitada por la globalización y por la competitividad". 

Zubiri considera que el impuesto necesita una "amplia reforma" que quite todos los incentivos que no sean estrictamente necesarios para el impulso económico. "Es un eufemismo que se hable de competitividad fiscal cuando en realidad de lo que se quiere hablar es de bajada de impuestos", dice.

Los empresarios vascos en este momento no quieren ni oír hablar de reformas fiscales que lleven a una subida de impuestos. Al contrario, su apuesta es por un impuesto a la baja, o como solución menos mala que se quede como está en estos momentos. No hace muchos el presidente saliente de Cebek, Iñaki Garcinuño, ponía como ejemplo Madrid, con tipos impositivos más bajos, para pedir menos impuestos y un uso de la capacidad fiscal que otorga el Concierto Económico vasco para beneficiar la recuperación. 

Esta postura choca de plano con planteamientos sindicales como por ejemplo del sindicato ELA, y de su presidente Mitxel Lakuntxa que propone  fijar un tipo del 25% en Sociedades, "sin excepciones", y de hasta un 10% en Patrimonio. Con estas medidas creen que podrían recaudarse hasta 2.000 millones de euros para "paliar las necesidades de la actual crisis sanitaria, económica y social", dicen desde el sindicato.

Mientras tanto, desde el Gobierno vasco el consejero de Economía y Hacienda Pedro Azpiazu incidía hace unos días en que no es el momento de abordar una reforma fiscal -que en cualquier caso es una cuestión que está en manos de las diputaciones forales-, pero reconocía que una vez que pase la pandemia habrá que reflexionar sobre "qué necesidades de sector público, de políticas, necesitamos para el futuro". Esa reflexión, añadía, "nos va a decir qué fiscalidad necesitamos para financiar estas políticas en el futuro".

Recordaba también que  se están planteando, a nivel mundial, "unas reflexiones tributarias en el ámbito global" que hay que tener "muy en cuenta" para configurar también el "sistema tributario del futuro" en Euskadi, así como también el hecho de que a partir de 2023 "Europa posiblemente va a volver a exigirnos un comportamiento más restrictivo".

Análisis de reformas anteriores

De momento Gobierno y Diputaciones están inmersos en el análisis de los efectos de las últimas reformas de 2013 y de 2017, y sus efectos sobre la recaudación. En la última reforma de 2017, vigente hasta ahora, se estableció una reducción progresiva del tipo impositivo en Sociedades, y del tipo general del 28% en 2017 se fue reduciendo a un 26% en 2018 y al 24% a partir de 2019.

Junto a estas modificaciones se limitaron la deducción de los gastos financieros y la compensación de bases imponibles negativas, así como la obligación de los pagos fraccionados. Muchas de estas medidas han impactado de lleno en la recaudación de 2020, como la llegada al tipo impositivo más bajo, el 24%, o el aplazamiento de los pagos fraccionados que las tres Haciendas forales aprobaron en 2020 para paliar los efectos de la crisis de la pandemia sobre las empresas. 

Ahora se analizan los efectos de esta reforma para calcular los cambios en un escenario futuro que requerirá un incremento de la recaudación para afrontar la factura de la crisis de la Covid-19.