El entendimiento entre instituciones acerca el descuento del transporte público a Euskadi

Después del anuncio del Gobierno central del descuento del 50% que va a aplicar en el transporte público estatal, las instituciones vascas empiezan a mover ficha para obtener de Madrid el descuento del 30% que ofrece a las instituciones autonómicas, forales y locales para incrementar su bonificación hasta el 50%. A lo sencillo que puede resultar en una comunidad uniprovincial como las vecinas Navarra, Cantabria o La Rioja, Euskadi suma no solo la complejidad de ser una comunidad pluriprovincial; también las competencias forales. El consenso se antoja fundamental en una comunidad que, de no abordarlo, podría ver descuentos distintos entre el metro de Bilbao, los autobuses de Vitoria, las líneas de Euskotren o el transporte en Lurraldebus. De ahí que el primer movimiento de Lakua haya sido convocar a la Autoridad de Transportes de Euskadi (ATE) a una reunión la semana que viene donde se intentará buscar un acuerdo que no solamente abarque cuánto se descuenta, sino cómo se reparte el coste de esta medida.

El consejero de Transportes, Iñaki Arriola, este lunes en Hendaya / Irekia

La reunión será un encuentro amplio en el que participarán representantes de las tres diputaciones forales no solamente de las respectivas áreas de movilidad; también acudirán los responsables de las haciendas forales para ver cómo se cuadran los presupuestos y la carga que suponen los descuentos para cada erario. El objetivo es buscar un acuerdo que contente a todas las partes y que permita aplicar el descuento al 50% en todos los transportes públicos. Las medidas aspiran a ser comunes para no provocar un laberinto de movilidad con distintos descuentos. De ahí que al encuentro, al que suelen acudir uno o dos representantes de Eudel más allá de las tres capitales, se baraja la opción de permitir la entrada de todo aquel municipio que se interese por participar. Hay que pensar que, más allá de los servicios de las tres capitales, hay muchos ayuntamientos con autobuses propios como Irunbus, el Udalbus de Eibar o Kbus, el servicio de Barakaldo.

Aunque por el momento la única institución que se haya pronunciado públicamente a favor de implantar el descuento sea la Diputación de Gipuzkoa, fuentes cercanas a varias instituciones vascas consultadas por 'Crónica Vasca' insisten en que la voluntad de aplicar el descuento es mayoritaria. Hay una buena disposición general, aunque el gran reto que plantean los ayuntamientos y las diputaciones es cómo adaptar el servicio de cada uno a ese descuento. Las tarjetas forales de cada diputación tienen sistemas distintos: mientras la Bat tiene un abono mensual, la Mugi es una tarjeta monedero que aplica descuentos en la carga y bonificaciones conforme más se usa -también dispone ya de descuentos específicos para los colectivos-, la Barik tiene tarifas distintas según el transporte que se use y distintos abonos... y la casuística crece todavía más cuando se extiende a los ayuntamientos. A todo esto se suma, además, la interoperabilidad. Las tres tarjetas forales se cruzan entre ellas con usos posibles: los tres títulos forales se pueden usar, por ejemplo, en Euskotren, dBus o Tuvisa, pero no tienen uso pleno en transportes como Metro Bilbao o Bizkaibus.

Además, concurren otras dos problemáticas. La primera, que el Gobierno central dispone de apenas 200 millones para satisfacer las reclamaciones de todas las instituciones locales y autonómicas de España. Un presupuesto que se antoja corto para las pretensiones de miles de ayuntamientos, 41 diputaciones y 17 comunidades autónomas. La segunda, que Madrid todavía no ha aclarado en el decreto de medidas con qué criterios se van a distribuir las ayudas: si va a ser por población, por oferta o por demanda. Las situaciones serían distintas según el criterio, ya que comunidades que no hayan desarrollado suficientemente su modelo de movilidad se verían beneficiadas por el criterio de población, algo que, por ejemplo, perjudicaría a Euskadi. Todo eso lo va a concretar el Ejecutivo nacional mediante una orden que se publicará el 15 de julio y que dejará una ventana de 16 días a las instituciones vascas para presentar sus solicitudes, que tendrán que ser, además, individualizadas: incluso aunque haya acuerdo interinstitucional San Sebastián tendrá que pedir sus ayudas, Bizkaia las suyas, Vitoria las suyas y así con cada entidad pública vasca.