Las haciendas recibirán más de 400 millones de los impuestos de las energéticas y la banca

Con alrededor de 400 millones de banca y energéticas en el bolsillo, pero con el 'impuesto a los ricos' en 'stand-by'. Así sale Euskadi de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que ha rubricado un acuerdo para regular el pago de las nuevas prestaciones tributarias pero que no aterriza cómo se dará el impuesto a las grandes fortunas.

El pacto firmado esta tarde asegura que Euskadi formará parte del reparto de los gravámenes -de entrada, temporales- sobre energéticas y banca, de los que el 6,24% será entregado a las instituciones vascas una vez se recaude por el Ejecutivo central; la misma cantidad que el cupo. Ese tributo servirá para recaudar en torno a unos 400 millones de euros en los dos años que se plantean de vigencia inicialmente.

En cuanto a la legislación referente a las grandes fortunas, las diputaciones salen de la reunión con la ministra Montero con la capacidad competencial para poder aplicar el gravamen, pero sin una decisión tomada al respecto. El PNV no quiere recaudar este impuesto -que, además, sería prácticamente un calco de los tipos de Patrimonio y así lo ha reconocido el titular de Hacienda-, mientras que en el PSE, el secretario general del partido, Eneko Andueza, pedía hasta hace diez días que se aplicase esa carga tributaria en la comunidad autónoma. En cualquier caso, incluso aunque hubiese voluntad de aplicar el tributo, ahora sería el momento de aprobar la reforma del Concierto Económico y de que las diputaciones pasasen por las Juntas Generales para autorizar el cobro de estas prestaciones patrimoniales y que se pongan en marcha.

Y ahí está en el aire cómo se podría ejecutar ese impuesto, ya que, con un acuerdo a 27 de diciembre, no hay tiempo material para aprobar un decreto que permita recaudar lo declarado en 2023 y correspondiente a 2022. Descartada por el propio Azpiazu la posibilidad de un decreto ahora que posteriormente fuese convalidado, solo se podría crear una legislación para habilitar este impuesto que tendría carácter retroactivo, y todas las regulaciones de este tipo han sido tumbadas en los tribunales.

Las nuevas cargas tributarias se conciben de entrada de la siguiente forma:

• Impuesto sobre las grandes fortunas: Gravará en 2023 y 2024 a las personas que cuenten con un patrimonio de más de 3 millones de euros, con una exención para los primeros 700.000 euros. Contará con las mismas deducciones que el impuesto de Patrimonio. Lo recaudado debe destinarse a "financiar políticas de apoyo a los más vulnerables". En Euskadi afectará solamente a unos 500 vascos que cuentan con bienes por un valor neto superior a los 10,5 millones de euros. Es hasta esa cifra cuando no se diferencia el nuevo tributo de los tipos que ya se aplican en el impuesto de Patrimonio.
• Impuesto sobre las energéticas: Gravará durante dos años -2023 y 2024-, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España. El gravamen afectará a las energéticas que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal. Afectará a empresas vascas como Iberdrola y Petronor, pese a que el PNV intentó salvar con hasta dos enmiendas distintas a la firma de Josu Jon Imaz sin éxito en el Senado.
• Impuesto a la banca: Se les gravará un 4,8% del margen de intereses y comisiones que estas obtengan en 2023 y 2024. Pero esa carga fiscal tiene, también, una condición previa: que los intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superasen los 800 millones en 2019. Esa condición dirige la mirada hacia Kutxabank -que pagará unos 110 millones- y BBVA en Euskadi, dejando fuera a entidades como Laboral Kutxa.

Un operario en lo alto de un aerogenerador de un parque eólico de Statkraft / Statkraft

¿Qué se hará con lo recaudado?

Esos 400 millones tendrán que ceñirse a las directrices de las instituciones de mayor ámbito a la hora de ver para qué se ejecutan, pero Euskadi tendrá ahí autonomía para elegir a qué destinar ese dinero. De hacerse algún tipo de ayuda de Estado financiadas exclusivamente con lo recaudado, Euskadi gestionaría y podría definir esas ayudas.

Fuera de eso, las instituciones solo tendrán que tener en cuenta un condicionante: lo recaudado por el impuesto a las energéticas, según ha señalado el titular de Hacienda, deberá estar destinado a actuaciones en materia de eficiencia energética, promoción de renovables y ayudas a las empresas con altos consumos de energía, sean gasintensivas o electrointensivas. En cuanto al impuesto de la banca hay una mayor libertad, de modo que Euskadi podrá decidir ahí que hacer con más manga ancha.