El decreto que regulará las viviendas vacías en Euskadi divide a los agentes inmobiliarios

La norma que regulará las viviendas deshabitadas en Euskadi suscita opiniones diversas en el sector inmobiliario. Desde los que ven con buenos ojos las penalizaciones para evitar viviendas desocupadas y dinamizar el mercado a los que consideran la posibilidad de expropiación como algo extremista y priorizan otro tipo de fórmulas de cara a aliviar la carestía del alquiler en la Comunidad Autónoma. El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes presentará el próximo martes el decreto por el que se regula la vivienda deshabitada en Euskadi, actualmente algo más de 15.000 viviendas vacías gestionables, y las medidas pertinentes para el cumplimiento de su función social mediante su ocupación.

Una de ellas, la facultad de los ayuntamientos para penalizar la vivienda vacía mediante un canon anual para forzar su salida al mercado en zonas tensionadas con gran demanda de vivienda pública de renta protegida y en las que el precio del alquiler supere el de la media del municipio, pudiendo llegar a expropiar su uso durante un periodo de tiempo. La normativa daba sus primeros pasos con la Ley Vasca de la Vivienda en 2015 y florecía entre estrategias municipales para impulsar la salida de viviendas vacías al mercado a través de un recargo de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellos propietarios que se negaran a ponerla en alquiler. 

En este sentido, José Manuel González, presidente del Colegio en Bizkaia, sitúa una de las claves en las inversiones que requerirán las obras en viviendas que, por un motivo u otro, no cumplan las condiciones de habitabilidad. De las 15.159 viviendas deshabitadas gestionables cuantificadas por el Gobierno vasco, sólo 3.100 estarían en condiciones óptimas para su uso, un 36% requiere mejoras y un 40% una gran reforma. "En este caso, la propia administración quiere adelantar ese dinero y una vez cedido el inmueble hacerse cargo de la reforma necesaria para darle esa utilidad", explica González desde la asociación, sin una visión oficial por falta de unanimidad. 

Alternativas "prioritarias"

Desde el Gobierno vasco se apunta a la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones para dar respuesta a las personas con ingresos medios que están inscritas en Etxebide demandando alquiler. Alternativas que "no es aconsejable que pasen por una medida como es la expropiación", explica Carlos Fernández de Nograro, al frente de la inmobiliaria PisosVitoria con más de 60 años en el sector. Según explica, hace mucho que desde la capital han propuesto dar salida a locales comerciales que cumplan con las condiciones para su edificación y posterior alquiler, lo que ya se ha impulsado en Bizkaia y es aplaudida por muchos profesionales del sector.

"Es una opción más imaginativa, que evita medidas drásticas y bajaría el precio medio del alquiler", continúa, "cada vez hay más metros cuadrados de locales vacíos en todas las ciudades, y cada vez tiene menos sentido el darle un uso comercial y no habitacional". En su caso, ve en el impulso del teletrabajo y la desaparición de tiendas físicas por la pandemia una oportunidad para crear viviendas que supongan un beneficio social.

En este línea, para la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava, la solución para que la vivienda cumpla su función social, "ha de venir de la mano de las instituciones mediante políticas no invasivas de la propiedad privada, sino con iniciativas atrayentes al ciudadano y pequeño propietario y mediante políticas que impidan la especulación del suelo", descartando medidas sancionadoras.

Penalizaciones e incentivos

Las alternativas para dinamizar el acceso a la vivienda se hacen hueco en Euskadi de la mano de una apuesta firme por parte de la Administración de cara a solventar el problema sin regular el mercado actuando directamente sobre sus precios y haciendo incapié en un modelo creciente a la hora de optar a una vivienda. Durante el proceso de reactivación de la economía vasca el alquiler ha ganado terreno en el mercado de la vivienda en cerca de un 32% y un total de 120.300 familias que residen en vivienda arrendada antes de la pandemia.

A finales de año, el Gobierno vasco planteaba a las Diputaciones una revisión de la fiscalidad sobre la vivienda que permita incrementar la deducción de los propietarios sobre las cantidades que perciben por el alquiler. Mientras, el mercado de alquiler libre está fuertemente intervenido por la política de apoyo a la demanda, cerca de 35.000 hogares en Euskadi recibe algún tipo ayuda o prestación para el pago del alquiler libre. 

Hasta ahora, "siempre había existido el miedo al alquiler", los que se plantean poner su piso en alquiler temen por la falta de seguridad en el cobro, o el cuidado del inmueble y el incumplimiento por parte del inquilino suponían procesos judiciales de hasta doce meses, tiempos que, sin embargo, se han reducido en los últimos años en los que surgen además figuras como los seguros por impago de rentas, que "de alguna manera incentivan los alquileres", explica Daniel Alustiza desde la inmobiliaia gipuzkoana Arrigain