Gobierno y concejos chocan sobre si el 'no' al dique anti-inundaciones del Zaia afecta al VIAP

Mientras la actividad sigue acelerándose de puertas para adentro en el aeropuerto de Foronda, en los exteriores se siguen acumulando los problemas para uno de los proyectos clave para que el aeródromo de Vitoria dé otro paso más con el VIAP y se convierta en un aeropuerto todavía más eminentemente industrial. Uno de los principales problemas que tenía el polígono industrial de la sociedad promotora del aeropuerto era la batalla judicial que tenían las juntas administrativas cercanas al aeropuerto contra el Gobierno vasco y que ahora el Ejecutivo autonómico parece haber perdido en los tribunales.

Y es que las juntas administrativas de los concejos cercanos al aeropuerto vitoriano se oponen al dique anti-inundaciones que URA lleva proyectando desde hace seis años en la zona, presupuestado inicialmente en 1.323.000 euros. Un dique del que dicen que supondrá más seguridad contra las inundaciones para el aeropuerto -y para el VIAP- a cambio de un mayor riesgo de que concejos como Gereña o Mendoza sufran inundaciones. Ante esa amenaza, las juntas administrativas llevaron el caso ante los tribunales y el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vitoria ha fallado dándoles la razón y anulando las resoluciones que pusieron en marcha el proyecto.

Ahora el proyecto entra en una fase de 'stand-by'. Mientras los colectivos -como Dikerik Ez- y las juntas administrativas interpretan que la sentencia anula todo el proyecto del dique, en el Gobierno vasco la postura es tremendamente difusa.

Pese a que inicialmente portavoces de Sprilur aseguraron que las recomendaciones aportadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al proyecto en 2020 eran suficientes, horas después la postura parece haber virado con una mirada hacia otras instituciones. "La postura de Sprilur es seguir lo que se resuelva administrativamente y lo que los departamentos competentes consideren que es lo más conveniente", aseguran desde la agencia a 'Crónica Vasca' desde este jueves por la tarde. Sprilur, por el momento "avanza según se van aprobando fases de documentación y tramitación" y sostiene que los efectos de esta sentencia en la tramitación administrativa competen a URA.

La literalidad de esta sentencia, efectivamente, declara nulas la resolución de URA de 2016 en la que se daba luz verde al proyecto del dique y las órdenes de 2017 que desestimaba los recursos contra este proyecto, pero no hace mención expresa a 2020, cuando llegaron las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 'a posteriori', que es a lo que se agarraron los contrarios al dique para tumbarlo: que el proyecto se había puesto en marcha sin ningún informe de la CHE, algo a lo que ha atenido la justicia. De hecho, a día de hoy no es pública ninguna modificación del proyecto como tal, que sigue publicado tal cual se redactó en 2016 sin incorporar las recomendaciones del organismo hidrográfico.

En ese conflicto es en el que se dirime ahora el futuro del VIAP, entre qué interpretación de la sentencia judicial es la correcta: la que considera que el proyecto de 2020 'emana' del anulado y por lo tanto también está 'fuera de juego' o la que entiende le llegada de esas recomendaciones como un proyecto separado que no queda anulado por la justicia. La plataforma Dikerik Ez cerraba este jueves su comunicado vespertino de forma contundente, afirmando que se veía "con optimismo" la postura de Sprilur porque el hecho de que la sentencia "no vaya con ellos" significa que la sentencia judicial que anula este proyecto "no será recurrida por un Gobierno vasco" que tiene 15 días para ello.