Lo que hasta hace 24 horas era una negociación fluida, tranquila y con buenas perspectivas en Siemens Gamesa apunta ahora a convertirse en otro polvorín laboral más. El anuncio de la venta de las plantas de multiplicadoras y generadores de España, que dejaría a Ágreda como único centro industrial propiedad de Gamesa -en Soria se fabrican nacelles-, ha hecho saltar todas las alarmas entre los sindicatos, más cerca que nunca de las movilizaciones. A los cierres de plantas donde se producían plataformas anticuadas se le suma ahora la externalización de estos centros productivos, por los que, según fuentes conocedoras del proceso, ya consta el interés de alguna multinacional y, según la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, también el de varias empresas vascas.
La parte social teme que este paso -otro más en la espiral negativa en la que se encuentra inmersa la eólica vasca- suponga la estocada final a lo que en su momento fue la joya de la corona empresarial vasca. CCOO y UGT llevan meses reclamando un plan industrial para la empresa que no termina de llegar y estas dos centrales empiezan a tener miedo a que, sin un tejido industrial propio, el siguiente paso sea el desmontaje de la I+D de Sarriguren y la total desaparición de la eólica vasca, que solo tendría aquí unas oficinas que podrían acabar cayendo también. Las críticas a la entrada de Siemens en 2017 han ido in crescendo en los últimos meses y ahora ya estas dos centrales hablan sin trapos fríos de una estrategia de "desmantelamiento" y "destrucción del tejido productivo".
Si hasta este miércoles solamente ELA se planteaba las movilizaciones, ahora CCOO también contempla esa opción. La central de Loli García ha pedido una reunión con la dirección en la que si la dirección le confirma lo que ya se sabe sobre las ventas de las plantas, plantearán un calendario de movilizaciones que tendría lugar a mediados de noviembre. En el caso de UGT, el sindicato de momento no da ese paso, pero ha iniciado conversaciones con la CNMV para que se revise si Siemens ha elaborado un plan industrial tal y como se rubricó en 2017 cuando los alemanes compraron la empresa vasca.
LAB, por su parte, confía en que el convenio en Asteasu proteja los puestos de trabajo, pero eso implica que el convenio se subrogue y mantenga su validez en el cambio de manos de esa fábrica. Por el momento, lo conseguido por la central nacionalista no es una garantía de empleo como tal, sino unas costosas indemnizaciones si no se mantiene el empleo durante cuatro o cinco años que suponen un importante desincentivo para despedir plantilla en esa factoría.