Pocas instituciones en Euskadi tienen la dimensión de Geroa. Por encima de los 200.000 socios, en torno a la mitad activos y el resto ya jubilados, la EPSV guipuzcoana duplica los 100.000 afiliados del sindicato ELA (incluye Navarra) y multiplica por cuatro los aficionados que pagan cuota en el Athletic, por hacer un par de comparaciones con otros dos agentes con gran penetración en la sociedad.
La primera entidad de previsión social de Euskadi, con origen en un acuerdo entre Adegi y los sindicatos vascos en el sector del Metal de Gipuzkoa en 1996, ha ido ganando tamaño con el paso de los años y su propio crecimiento ha conducido a una parte de sus socios a un callejón sin salida. Desde hace un par de años una plataforma con más de 1.000 socios mantiene una pugna judicial y en las calles al considerarse perjudicados por la regulación que Geroa ha ido haciendo de la forma en que se pueden retirar las cantidades ahorradas, una situación que llegan a calificar de 'euskorralito'.
En principio, la previsión complementaria está enfocada a generar una bolsa de ahorros que van a servir para mejorar la pensión en el futuro. Esa es la razón de ser de las EPSV, bonificadas fiscalmente y que, en su modalidad de empleo, están constituidas no solo con aportaciones del salario del trabajador, también con dinero de la empresa, como señalaba este pasado fin de semana en Crónica Vasca Ignacio Etxebarria, presidente de la federación que agrupa a estas entidades y alineado con la posición oficial de la dirección de Geroa.
Si está claro que el dinero acumulado sirve para complementar la pensión, ¿de qué se quejan entonces los críticos de la EPSV guipuzcoana? Aseguran que cuando se comenzaron a hacer estas aportaciones a finales de los años noventa hubo que hacerlo "por obligación" sin conocer cuál iba a ser el mecanismo para recuperar el dinero. Defienden, además, que no han sido informados de los cambios progresivos que se han ido produciendo en el reglamento de Geroa sobre el sistema de cobro, que han ido elevando la cuantía por debajo de la cual pueden retirarse todos los ahorros de golpe.
Esta posibilidad, el cobro en forma de capital, está vetado ahora a quienes posean unos ahorros por encima de 45.000 euros, una realidad que los portavoces de la plataforma aseguran desconocían hasta el momento en el que, al jubilarse, solicitaban sus ahorros. Pensaban que podían retirar todo su dinero una vez transcurrido el plazo legal para el resto de entidades de previsión, ahora diez años desde la primera aportación. Y reivindican su derecho "a disponer de nuestro dinero como queramos". "Hay gente que necesita ese dinero. Por temas médicos, por temas familiares... Queremos tranquilidad después de toda una vida trabajando", señala a este medio un portavoz.
Una batalla larga
Los jueces vascos, incluido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), no está atendiendo por ahora las reclamaciones de estos socios. Hay varias sentencias que dan la razón a Geroa y que consideran que la EPSV sí dio la información necesaria para poder entender que el cobro iba a producirse en forma de renta a lo largo de la jubilación. Pero la plataforma, a la que defienden los abogados de Asufin, que se ha anotado importantes victorias en temas financieros, mantiene el pulso y ha colocado demandas en juzgados de Pamplona, Cantabria y Madrid, a fin de poder obtener un resultado distinto y, en su caso, poder incluso acudir al Tribunal Supremo.
Esta estrategia está ahora condicionada por la huelga de funcionarios de Justicia y, a la espera de conocer hasta dónde da de sí el recorrido judicial, la plataforma quiere incrementar la presión en las calles antes del verano. Así, habrá una manifestación en San Sebastián el próximo 6 de mayo en el marco de las movilizaciones para forzar un cambio en la postura de la EPSV.
Relevo al frente de Geroa
Y es que, pese a los varapalos judiciales, el cambio al frente de Geroa alimenta cierta esperanza. Las relaciones con la anterior máxima responsable, Virginia Oregui, no eran buenas, señalan desde el colectivo, y se asegura que han logrado obtener el compromiso del nuevo director, Jordan Saenz, de que el problema se abordará en la próxima junta de gobierno de la entidad.
Tampoco hay sintonía con las centrales sindicales, a las que los críticos piden un respaldo que, según denuncian, se les niega. Y es que ELA, LAB, CCOO y UGT son parte de la gestación de la propia EPSV guipuzcoana así como miembros de los principales órganos de gobierno (LAB ha dejado en suspenso su participación) lo que les deja en una situación comprometida a la hora de posicionarse en esta guerra.
Por otro lado el Gobierno vasco trabaja en un nuevo decreto que reforzará por ley el cobro en forma de renta de los ahorros de las EPSV, lo que termina de dibujar un puzzle a nivel institucional y legal muy complicado para los intereses de la plataforma.