El peligro sigue en Zaldibar: el Gobierno vasco urge a Verter Recycling a sellar el vertedero

Más de tres años después de las presuntas negligencias cometidas en el vertedero de Zaldibar y que el Juzgado de Durango aún está investigando, la herida sigue sin cerrarse en la colina del Montía, tal y como se aprecia desde la A-8, a escasos metros del colegio público de San Lorenzo, en Ermua. Un fatal accidente, con consecuencias medioambientales irreparables y también personales, ya que provocó la muerte de dos personas, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, que trabajaban en el vertedero.

Todo apunta, según los informes presentados, a que el derrumbe que se produjo el 6 de febrero de 2020 pudo haberse evitado, tanto por la empresa propietaria del vertedero, Verter Recycling, como por las autoridades o personas responsables de otorgar los permisos de instalación y actividad y de vigilar las instalaciones de forma periódica. Y es lo que los juzgados tratan de esclarecer para depurar posibles responsabilidades medioambientales de una docena de personas, entre ellas de tres técnicos de Medio Ambiente del Gobierno vasco.

En febrero de 2022, el Gobierno vasco exigió a Verter Recycling llevar a cabo un sellado definitivo del vertedero antes de que venciera el mes de noviembre, tras comprobar, a través de un estudio encargado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que, al no estar realizando ningún mantenimiento del terreno, la seguridad en la ladera del monte “ha empeorado”. Es decir, aunque desde el Gobierno vasco llevaron a cabo trabajos para compactar los residuos y evitar riesgos de un nuevo desprendimiento, no se puede asegurar que pudiera ocurrir un nuevo desplome. 

Los restos del vertedero de Zaldibar. EP

Terrenos abandonados por Verter Recycling

Desde que el Gobierno vasco dio por finalizados sus trabajos de estabilización de la zona, en agosto de 2021, el terreno ha sido abandonado, a pesar de que la empresa propietaria asumiese su responsabilidad de garantizar la seguridad de la zona. De hecho, Verter Recycling, que se declaró en quiebra poco después del desastre y que ahora se encuentra en concurso de acreedores y bajo administración judicial, se ha desentendido por completo del terreno.

Hasta el punto de que se lo ha ofrecido al Gobierno vasco a modo de dación en pago, como si con ello pudiera saldar la cantidad de 28,6 millones de euros que adeuda a la Administración, quien tuvo que actuar de oficio para tratar de asegurar la zona e iniciar las labores de búsqueda de los dos trabajadores sepultados. Alberto Sololuze apareció a los seis meses, pero aunque no llegó a encontrarse a Joaquín Beltrán, un año y medio después, en mayo de 2021, se dio por finalizada la exploración de los terrenos. Será Hacienda quien determine si ordena la incautación de los bienes del propietario de Verter Recycling, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui, para hacer frente a la deuda.

Manifestación por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. EFE

Crucial el papel del administrador concursal

Por su parte, el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, liderado ahora por Arantxa Tapia -si bien en el momento del accidente era Iñaki Arriola, actual consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes- ha rechazado la propiedad de los terrenos sobre los que se asentaba el vertedero, ya que la falta de seguridad en dicho emplazamiento hacen totalmente inviable la construcción de un polígono industrial, como proponía la empresa, o la posibilidad de desarrollar ahí iniciativa alguna.

De esta forma, al ser un terreno de titularidad privada, perteneciente a Verter Recycling, le correspondería al administrador concursal, o en su caso al juez, instar a dicha empresa a realizar con urgencia el sellado definitivo del vertedero, lo que permitiría mejorar la seguridad en la zona ante la preocupación de los vecinos de Ermua y Zaldibar, las dos localidades afectadas, de que pueda volver a ocurrir un nuevo accidente.

En caso de que no se realicen las labores de sellado, el Gobierno vasco, que ha comunicado a la Fiscalía el incumplimiento de las obligaciones de la empresa, podría acometer esta actuación aplicando el criterio de subsidiariedad que ya utilizó en 2020 para poder garantizar la seguridad de la zona, si bien Arantxa Tapia no ha confirmado que el Ejecutivo vasco tenga previsto hacerlo. Lo que sí ha urgido es a que el administrador concursal actúe, pues “el sellado definitivo se ha de acometer de manera rápida", ha subrayado.