Agosto sigue consumiendo jornadas y cada vez queda menos para conocer la decisión de Álvaro Lobato, magistrado de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, en torno al futuro del grupo Celsa. El pronunciamiento judicial, que se espera para la primera semana de septiembre, servirá para dilucidar si el conglomerado industrial del que forman parte Nervacero y Celsa Atlantic permanece bajo el paraguas de la familia Rubiralta o pasa a manos de los fondos de inversión.
Queda por delante un proceso largo una vez se conozca la sentencia, advierten fuentes de la plantilla de Nervacero, que con 350 trabajadores es la pieza central de Celsa en Euskadi. Antes lo fue la alavesa Laminaciones Arregui, que tras el cambio de nombre a Celsa Atlantic y un sinfín de ajustes cuenta ahora con poco más de un centenar de personas en plantilla. En ambas compañías hay interés por conocer hacia qué lado se decanta Lobato aunque la sensación es que el veredicto del juez no va a traer cambios inmediatos ni va a poner fin de manera automática a este escenario de incertidumbre en el que vive la siderúrgica catalana.
La opción preferente en ambas acerías hace tiempo que está clara: la idea de mantener una propiedad con bagaje industrial es más segura que un cambio de manos que genere aun más dudas en el mercado y dispare las incógnitas sobre el futuro del proyecto. Los propios sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, organizaron movilizaciones contra las pretensiones de los fondos de inversión el verano pasado y, aunque finalmente no han obtenido luz verde por parte del juez, han tratado de personarse como parte afectada en el proceso para defender la continuidad de la actividad y los 10.000 empleos en España.
Nervacero, planta de Celsa en el País Vasco
Guerra de valoraciones
Los fondos de inversión (Deutsche Bank, SPV o Anchorage) basan sus aspiraciones en una valoración económica de la compañía inferior a la deuda (cerca de 3.000 millones) por lo que defienden que la única salida al callejón financiero de la compañía es su conversión en propietarios. En cambio, los Rubiralta sitúan el valor del grupo en 6.000 millones, el doble de la deuda, lo que daría viabilidad manteniendo la mayoría del capital en manos de la histórica familia de industriales catalanes.
Y argumentan además los actuales propietarios, con Francesc Rubiralta a la cabeza, que los fondos buscan el "expolio" de la empresa. La parte contraria, en cambio, aseguró ante el juez que apoyará el mantenimiento de los puestos de trabajo.
El presidente de Kutxabank, Antón Arriola / EP
Y en esta guerra aparece un tercer actor como es Kutxabank. El banco vasco, con voz propia en la vista celebrada a comienzos de julio, se ha desmarcado en todo el proceso del bloque mayoritario de acreedores y, ante el propio juez, rechazó abiertamente las pretensiones de los fondos. La entidad heredera de las cajas de ahorro presentó su propia estimación sobre la evolución de la siderúrgica en caso de caer bajo control de los fondos, asegurando que no sería viable en un plazo de más de cinco años.
El experto encargado por la entidad de Antón Arriola cargaba duramente contra la hoja de ruta de los fondos ("no tiene ni pies ni cabeza", zanjaba) dando así un importante espaldarazo a la familia catalana, en línea con la posición mantenida durante todo el conflicto. Y eso que, según su representante, el banco vasco ya no tenía créditos pendientes con Celsa en abril de 2023, cuando se presentó el plan de reestructuración, y reclamaba quedar al margen del juicio.
La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia / Iñaki Berasaluce - Europa Press
Respaldo de Lakua
Junto a Kutxabank se ha convertido en aliado de la familia Rubiralta el propio Gobierno vasco, uno de los ejecutivos autonómicos más activos, junto al catalán, a la hora de intentar remar en favor de la viabilidad de las fábricas de Celsa. Del grupo siderúrgico con sede en Castellbisbal dependen casi 500 trabajadores, además del empleo indirecto, siendo además Nervacero una de las industrias de más tradición en el territorio vizcaíno.
La propia consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, estuvo presente en el mes de febrero en el Annual Meeting de Celsa celebrado en el BEC de Barakaldo, un guiño que se interpreta como una señal de que el ejecutivo está muy pendiente de las evoluciones de la compañía. En el marco del rescate por parte de la Sepi, que desembolsó 550 millones de euros para sostener a Celsa en pie, Lakua se posicionó en defensa del modelo industrial de la compañía tal y como hicieron también otros territorios como Cataluña o Cantabria.
El propio Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado mediar para tratar de suavizar las ambiciones del bloque acreedor. Hay que recordar que, al menos si Sánchez logra apoyos para seguir en Moncloa, opera en este caso el nuevo 'escudo antiopas' que en principio haría más difícil el control por parte de los fondos. Para esquivar esta medida estos necesitarían poner por delante a un socio industrial de referencia que diese garantías al Ejecutivo central en torno a la continuidad del empleo.