Fin al plazo de alegaciones a los macroparques de Solaria, comienza así un nuevo periodo en el que el estudio de las mismas y de posibles alternativas ocuparán el foco de interés de todos los agentes que han depositado su queja contra este proyecto.
Lo han hecho, en concreto, más de 50.000 personas o instituciones, de las que algunas de ellas se concentraban este miércoles frente al Gobierno vasco para mostrar su rechazo hacia la instalación de las más de 100.000 placas solares proyectadas y de la línea de alta tensión que recorrería Álava y Bizkaia.
150 millones para las arcas alavesas y 180 para los propietarios del suelo
Bajo este contexto de descontento popular la energética ha anunciado que ya ha firmado acuerdos con más de 1.000 propietarios de suelo para el desarrollo de sus plantas fotovoltaicas en Euskadi. A este millar, está previsto que en los próximos meses se le sumen hasta 3.000 más.
Tal y como ha anunciado la compañía, los propietarios, por este alquiler de su suelo “recibirán un ingreso recurrente y estable durante 30 años de vida útil de la planta”. Y es que, tal y como ha detallado, los terrenos se alquilan por 1.500 euros por hectárea al año y se compran por 25.000 euros por hectárea. Esto supondría, según los cálculos, un desembolso total por parte de la empresa de 180 millones en el alquiler de terrenos durante estos 30 años, “un beneficio que repercute tanto en los propietarios como indirectamente en el resto de la sociedad".
“Siempre estamos donde los ciudadanos quieren que estemos y, en cumplimiento de nuestros códigos de conducta, siempre se actúa de mutuo acuerdo con los agricultores o propietarios para hacer uso de los terrenos que ocuparán las plantas fotovoltaicas. Como no podría ser de otra manera, cada propietario es libre de decidir si quiere alquilar, vender o continuar con su actividad habitual”, afirma Aitor Uriarte, coordinador de Relaciones Institucionales de Solaria en Euskadi.
A este desembolso, se sumaría el monto que iría a parar a las arcas públicas, en este caso a las alavesas, por la instalación de los parques solares Zierbena 2, Zierbena 3 y Zierbena 4, que contarían con 103.432 placas solares que superarían las 374 hectáreas ocupadas distribuidas en los municipios alaveses de Vitoria, Ribera Baja, Zigoitia, e Iruña de Oca. Monto que la energética estima en 50 millones de euros por cada uno de los parques, durante los 30 años útiles de la instalación.
Trabajadores de Solaria
Más de 50.000 alegaciones populares
A pesar de estos ‘beneficios’, muchos agentes sociales rechazan los macroparques y la línea de alta tensión, siendo esta última foco de la mayoría de las críticas. Y es que la energía producida por dichas instalaciones, se transportaría a través de una línea de evacuación de alta tensión de 101 kilómetros que supondría una inversión de 45 millones de euros para Solaria y que atravesaría Álava de norte a sur por las localidades de Ribera Alta, Ribera Baja, Iruña de Oca, Vitoria, Zuia, Urkabustaiz, Amurrio, Ayala y Ocondo. Esta entraría en Bizkaia por Gordejuela y afectaría a otros siete pueblos bizkainos hasta llegar a Zierbena.
Este miércoles parte de estos agentes, convocados por diferentes colectivos como Araba Bizirik, Arabako Mendiak Aske, AHT rik ez, y del sindicato agrario UAGA, se reunían frente al Gobierno vasco para mostrar explícitamente su rechazo y avisar que el próximo 26 de octubre recorrerán las calles de la capital vasca como muestra de ello. Tal y como advirtieron las más de 50.000 alegaciones que se han presentado no solo van en contra de este proyecto en concreto, van en contra de todos los proyectos de energía renovables planteados en Álava porque no responden a "un criterio, a una planificación, ni a una previsión de su implantación. Renovables sí, pero así no", han indicado.
Tras exigir a Lakua y Diputación que se paralicen estos proyectos, “que se ponga en coto a las grandes empresas y que se defienda la tierra y el territorio”; señalaban que “se está acelerando la destrucción imparable de la biodiversidad y la pérdida de tierras de cultivo, forestales y pastizales. Se está desalojando del territorio a las personas que habían apostado por la vida rural. Queremos seguir viviendo en Álava".