Tras meses de espera arranca el juicio en la Audiencia Nacional por el ERE de Envases Universales en Ugao, la antigua Domiberia, en el que la plantilla va con el objetivo de que esta medida, aplicada en mayo de este mismo año, sea declarada nula.
Ya lo avisó hace meses el menos de medio centenar de trabajadores que permaneció en su puesto de trabajo una vez ejecutado el ERE y finalmente así será este martes: recurrirán la decisión del grupo mexicano, ahora propietario, en busca de una solución.
Si bien esto será complicado, puesto que, tal y como declaran fuentes sindicales de LAB -sindicato mayoritario-, “la compañía ya se ha adelantado y ha modificado la fábrica para que esta se ajuste a los 50 trabajadores que eludieron el ERE”; los trabajadores de este sindicato han salido este lunes por la noche camino a Madrid, en busca de que “se revierta la situación, se demuestren las cosas y se entiéndase nuestra posición”.
Es lo que se les prometió a los trabajadores despedidos en mayo -29 de ellos a través de bajas voluntarias “con condiciones favorables” y otros 13 “con condiciones mucho peores”, y así se va a hacer: “Es una promesa y un honor que adquirimos hacia las personas despedidas. No hay medias tintas, es blanco o negro”.
Deslocalización para abaratar costes
Esta planta centenaria de Euskadi no fue la única afectada, ya que el expediente de regulación de empleo también afectó al centro de trabajo catalán en Montmeló, donde fueron despedidos 18 trabajadores, y que en septiembre bajo su persiana. Debido al cierre, denuncian desde LAB, “la maquinaria y trabajo que se hacía ahí, ha pasado a hacerse aquí”.
Eso sí, explican, este envío de activos y de trabajo ha tenido consecuencias contrarias al aumento de trabajo que se podría esperar, y es que “todo lo nuestro se lo han repartido entre Vigo y León Así, el trabajo que se ha traído es infinitamente menor que lo que se han llevado. Denunciamos que ha habido una deslocalización para abaratar costes”.
Dado que el ERE afectó a la planta catalana y a la vasca, es ahora la Audiencia Nacional la que tiene que decidir si esta medida se declara nula o no. Decisión que se sabrá en los próximos meses, aunque desde el sindicato avisan: “Esto no acabará aquí, porque muy posiblemente habrá recurso por alguna de las partes”.