Uno de los hermanos Romero se sentará en el banquillo por secuestro, amenazas y extorsión

El juzgado de instrucción número 10 de Bilbao acaba de dictar un auto de apertura de juicio oral contra el empresario Óscar Romero Martínez y otras cuatro personas. El documento, al que ha accedido Crónica Vasca, muestra que los cinco se sentarán en el banquillo acusados de extorsión, detención ilegal, robo con intimidación y amenazas, entre otros delitos.

En concreto, Romero y sus cómplices están acusados de secuestrar durante unas horas al propietario de un inmueble de lujo de Bilbao. Un secuestro que presuntamente realizaron a punta de pistola. Así, el secuestrado no pudo llegar a una notaría para firmar la compraventa del piso. Y después le reclamaron 180.000 euros por no firmar dicha operación.

Claro que para entender esta historia rocambolesca primero hay que entender quién es y de dónde viene el personaje principal.

Los hermanos Romero, naturales de Rentería (Gipuzkoa), se hicieron famosos cuando uno de ellos, Fernando (1982), llegó a la lista Forbes. Amasaba una fortuna de 850 millones de euros.

Ocupaba el puesto 34 del listado gracias a las ingentes ganancias de la empresa Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico (EIDF), fundada por él en 2008, radicada en Galicia y dedicada a la instalación de placas de energía solar fotovoltaica.

Fernando era un ejemplo de éxito. Los medios aplaudían su trayectoria. Como muestra, un botón. En noviembre de 2022 el diario 'El Correo' publicó un perfil sobre este empresario que decía así: "Fernando Romero, el millonario que pasó de vender pizzas a ser el tercer vasco más rico en la lista Forbes".

Su hermano mayor, Óscar (1975), no tenía cargos en la compañía pero también cobró notoriedad pública como empresario por su intento de adquirir el Recreativo de Huelva.

Todo estalló por los aires en abril de 2023. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización de EIDF en el BME Growth (antiguo Mercado Alternativo Bursátil), donde había adquirido un valor de 1.700 millones de euros tras revalorizarse hasta un 600%.

El regulador tomaba dicha decisión tras advertir que "en algunas de las actividades y operaciones con terceros analizadas se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos".

La historia de éxito parecía derrumbarse como un castillo de naipes. EIDF pasó en un par de días a valer algo más de 500 millones de euros, mil menos. Fernando Romero controlaba entonces el 70% de la compañía a través de su empresa Prosel Energía SL. Aunque después bajó su participación de forma ostensible, sigue siendo el accionista mayoritario.

Poco después del escándalo nació la "Plataforma de Afectados de toda España por EIDF y Óscar Romero". Dicho colectivo, formado por unos 200 proveedores y accionistas minoritarios de EIDF, acusa al hermano del presidente de ser el verdadero "cerebro" de un gigantesco fraude presuntamente cometido por la empresa fundada y presidida por Fernando. Acusaciones que se dirimirán en los tribunales.

La trama

Pero antes habrá otra batalla judicial para Óscar Romero. Según el auto dictado por la titular del juzgado número 10 de Bilbao, el empresario va a ser juzgado por los delitos antes mencionados.

La acusación de la Fiscalía que ha propiciado la apertura del juicio señala que Romero y sus colaboradores habrían retenido y extorsionado al hombre que les había alquilado una casa sita en el centro de Bilbao. La historia no tiene desperdicio.

Tal y como consta en el auto que obra en poder de este periódico, en julio de 2018 el mayor de los hermanos Romero alquiló una vivienda en la calle Hurtado de Amezaga de Bilbao por la que pagaría 2.200 euros al mes.

El alquiler incluía una opción de compra del inmueble por valor de 675.000 euros que tendría que cerrarse en un plazo de dos años. El propietario de la vivienda era J. A. M..

Romero entregó 92.000 euros en concepto de arras. El contrato también incluía una cláusula de penalización: si al finalizar el plazo de dos años Romero no formalizaba la compraventa, perdería las cantidades ya entregadas; y si era J.A. quien no aceptaba vender, tendría que entregar a su arrendatario 180.000 euros.

Ambas partes quedaron para acudir el 30 de julio de 2020 a una notaría donde formalizarían la compraventa. En paralelo, siempre según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, los encausados empezaron a vigilar al propietario de la vivienda. Controlaron sus rutinas, su domicilio, sus vehículos y su lugar de trabajo. Tenían un plan para que el dueño del inmueble no acudiera a la firma de la hipoteca.

Días antes de la fecha acordada, Óscar Romero manifestó al propietario que no podría acudir a la rúbrica de la operación porque tenía una reunión en Madrid. En su lugar, apoderaba a Arkaitz Martín Dehesa, su socio de negocios, para realizar la operación en su nombre.

Este último, uno de los ahora encausados, quedó con el dueño del piso en el Bar Zurekin de la calle Diputación de Bilbao a las 11.00 del día señalado. Cuando el propietario llegó, le esperaba el propio Romero, en contra de lo previsto.

El secuestro

De allí ambos se trasladaron a la vivienda de la calle Hurtado de Amezaga. Siempre según el relato de la Fiscalía, nada más entrar al domicilio, otros compinches que ahora irán al banquillo, Arkaitz Lozano Hurtado, Mikel Alonso de Guzmán y otra persona que no ha podido ser localizada, se abalanzaron sobre el propietario, J.A., lo empujaron hasta el sofá, lo tumbaron boca abajo, le sujetaron y finalmente le ataron de pies y manos con bridas. Después lo amordazaron y le apuntaron con una pistola a la sien.

Los miembros de la trama presuntamente sustrajeron el móvil y el dinero al secuestrado. Amenazaron con matarle si se resistía. El propio Romero, según la Fiscalía, espetó al propietario que "no te resistas, va a ser peor". Luego lo trasladaron al baño. Y allí lo mantuvieron encapuchado. 

Transcurridas unas horas, justo el tiempo necesario para que el dueño no pudiera acudir a la notaría para firmar la compraventa, los secuestradores indicaron al propietario de la vivienda que subiese al último piso del edificio, se tumbase boca abajo, contase hasta cien y se marchase a casa sin contar a nadie lo que había pasado.

Eso sí, según el relato del Ministerio Público, tras desatarle las bridas y quitarle la mordaza le amenazaron. Mientras le apuntaban con la pistola, le enseñaron fotografías suyas, de su familia, incluida una de su hijo, que habían obtenido en los días previos de vigilancia. 

Tiempo después, en abril de 2021, Óscar Romero inició un procedimiento civil para reclamar al propietario del inmueble que le pagase los 180.000 euros que constaban en las cláusulas del contrato. El motivo de dicha reclamación era, claro está, que no había acudido a la notaría el día de la compraventa.

Ahora, tres años y medio después de aquella reclamación, la titular del juzgado número 10 de Bilbao envía al banquillo al empresario y a sus colaboradores en este supuesto secuestro con fines económicos.  

Este diario se ha puesto en contacto con el bufete de abogados que defienden a Romero, principal acusado de la causa. Por ahora, no han querido aportar su versión de los hechos. Unos hechos que tendrán que probarse en el juicio que llevará a cabo el órgano competente: la Audiencia Provincial de Bizkaia.