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La inmobiliaria Proinsa se desmorona en Donostia en una quiebra tras perder 580 millones
La firma, actualmente en liquidación, arrastra deuda fiscal con la Diputación de 120 millones
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Espectacular batacazo de la compañía Proinsa Desarrollo Siglo XXI, de Donostia. El Juzgado Mercantil número 1 de la ciudad ha declarado su concurso de acreedores. Al mismo tiempo, ha suspendido las facultades de gestión y disposición de los bienes y derechos que integran la masa activa, que pasan a ser asumidas por el administrador concursal Óscar Hernando López. Finalmente, el juzgado ordena la disolución de la sociedad. El domicilio de esta se encuentra en la calle Zuatzu número 6, de Donostia.
Expansión y declive
Proinsa nació en 2001. Durante la burbuja inmobiliaria que se vivió a finales de la primera década del presente milenio, experimentó un crecimiento acelerado. Llegó a constituir hasta cuarenta filiales, que abordaron promociones a gran escala. Los beneficios obtenidos fueron muy cuantiosos.
Tras el estallido de la burbuja, Proinsa registró pérdidas de forma continuada, hasta acumular pavorosos quebrantos por valor de 580 millones.
Débitos con el fisco
En 2016 entró en liquidación. A tal efecto, nombró para realizar el desguace a Aguiser Servicios Inmobiliarios, dirigida por Agustín Aguirre Iguiñiz, quien había sido anteriormente presidente de Proinsa.
Este empresario apareció años atrás involucrado en el gigantesco sumario Malaya. Hasta la fecha es el mayor proceso judicial por corrupción urbanística en la historia de España, con más de un centenar de imputados y cuarenta piezas separadas. Una de ellas fue la derivada vasca, en la que figuraba citada con profusión Proinsa.
A raíz de este lance, la Hacienda Foral de Gipuzkoa inició un procedimiento de comprobación e investigación del impuesto sobre sociedades de 2006 a 2009. Se saldó con unas actas fiscales e intereses que suman al día de hoy 110 millones.
Débitos pendientes
Los trámites liquidatorios de Proinsa no han podido ultimarse debido a la existencia de esa deuda con la Diputación, que está recurrida ante los tribunales y se encuentra provisionada por completo.
Además de las reclamaciones del fisco, el pasivo financiero, el comercial, y el contraído con compañías del grupo, se cifra en 16 millones.
El balance arroja un activo de 120 millones, de los cuales 107 millones corresponden a la valoración en libros del extenso repertorio de subsidiarias, aunque la mayoría de ellas registra números rojos desde hace tiempo.
El futuro de dichas entidades se presenta muy problemático, dada la situación judicial de insolvencia de su matriz.
