Una protesta contra parques eólicos en Vitoria / X
La ley para crear la asamblea ciudadana vasca sobre renovables se aprobará en el inicio de 2026
Es uno de los compromisos en el acuerdo entre Gobierno vasco y EH Bildu para limar la oposición social a los grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos
El Gobierno vasco tumba el parque eólico del monte Argalario por el alimoche
La creación de una asamblea ciudadana como órgano consultivo para el despliegue renovable es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno vasco (PNV y PSE) en el acuerdo con EH Bildu para la nueva ley energética y de cambio climático.
Es la forma en la que el acuerdo, sellado en la parte final de la legislatura de Iñigo Urkullu y en gran medida aun por desarrollar, busca acercar los grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos a la sociedad para hacerlos más accesibles y beneficiosos para los municipios donde se instalan.
En el abanico de propuestas para limar el rechazo social hacia estos proyectos, la ley incluye además una nueva tasa ya operativa desde este año para los complejos renovables en funcionamiento a fin de reportar unos ingresos extra a las instituciones y entidades locales, si bien el destino final de ese canon está por determinar.
En clave de participación social, la ley energética recoge la creación de la mencionada asamblea ciudadana, una reivindicación que viene de atrás desde formaciones como Elkarrekin Podemos y que ha sido puesta en valor como un elemento positivo del acuerdo de 2024 desde EH Bildu.
Ander Goikoetxea, de EH Bildu
Experiencias similares
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, responde en una interpelación parlamentaria de la coalición soberanista sobre este asunto que prevé tener listo el decreto que regula la composición y funcionamiento de la asamblea en el primer trimestre de 2026, con lo que probablemente este órgano consultivo no esté operativo hasta bien avanzado el próximo año.
Un vecino junto a un cartel contra el parque eólico de Labraza
Ahora mismo el decreto está en fase de información pública y únicamente ha recibido alegaciones de la agrupación ecologista Arabako Mendiak Aske, una de las organizaciones más activas en la oposición a grandes proyectos renovables en territorio alavés, propuestas que serán incluidas en el decreto de funcionamiento de la asamblea, según indica el consejero en el escrito.
Antes de proceder a la regulación de la asamblea el Gobierno vasco ha valorado experiencias de este tipo tanto en el panorama nacional como en el extranjero y ha mantenido contactos para recabar información con casos de éxito "reconocidos por la OCDE".