La apuesta del Gobierno vasco por mantener el arraigo de las empresas va más en serio que nunca. Esta semana se han producido avances significativos -y que parecen definitivos a expensas de la junta de accionistas de diciembre- en la operación para la compra de Talgo por un consorcio vasco que lidera Sidenor.
Ya saben, además, que esta semana el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, defendía su inocencia en la Audiencia Nacional acerca de la venta de acero a Israel. O sea, la operación adquiere por fin un paso firme.
En paralelo, hemos visto que también empieza a haber avances en la posible adquisición de Uvesco, propietaria de los supermercados BM, por parte de un grupo de empresarios vascos que contarían asimismo con la ayuda del dinero público del Gobierno vasco.
Es de celebrar que esa apuesta por el arraigo vaya en serio. También es cierto que dicha apuesta debe conllevar una reflexión sobre cómo el dinero público se utiliza a veces para rescatar o mantener empresas en Euskadi cuando esas operaciones tienen unos beneficiarios que son determinados empresarios cercanos al poder.
Es una buena noticia que las operaciones de Talgo y Uvesco avancen, pero tenemos que insistir en reclamar que ese dinero público no debe servir para que nadie se enriquezca ni para generar más desigualdad
Dicha reflexión seguramente palidece frente a la necesidad de mantener el arraigo, sobre todo porque supone mantener el empleo en las empresas, apuntalar una industria fuerte en Euskadi y empujar la economía vasca.
Es una buena noticia que las operaciones de Talgo y Uvesco avancen, pero tenemos que insistir en reclamar que ese dinero público no debe servir para que nadie se enriquezca ni para generar más desigualdad.
Aquí, en Crónica Vasca, siempre defenderemos el arraigo de las empresas vascas pero teniendo en cuenta las citadas prevenciones. Cuando, como saben, acabamos de cumplir cinco años, seguimos defendiendo el tejido empresarial de Euskadi, por supuesto, pero también defendemos la fiscalización y la vigilancia de hasta el último céntimo del dinero público destinado a empresas.
A veces da la sensación de que en este tipo de operaciones, que insisto resultan necesarias, falta cierta transparencia. Cuanta más transparencia, mejor, sea para mantener el arraigo, para los contratos públicos o para otras cuestiones.