El debate de la educación en Euskadi está más vivo que nunca. La tramitación de la Ley vasca de educación en el Parlamento Vasco ha puesto en agenda, ya sin rodeos y llamando a las cosas por su nombre, el tema de la segregación. Ya no es una cuestión que se debata en los despachos, ni sobre lo que se escriba en informes de organizaciones de prestigio, como Save the Children, que contribuyó a poner el tema en agenda y que trabajó con empeño para que se reconociese una realidad incomoda: el sistema educativo vasco segrega al alumnado en función de la situación económica y de origen de las familias.

Lejos de mirar a otro lado, el debate de la segregación ha entrado en otra fase: hemos pasado de la negación al reconocimiento del problema, del reconocimiento del problema a la tramitación de un marco regulatorio que incida en su eliminación y al impulso de políticas públicas que reduzcan la segregación hasta que llegue la nueva Ley, que debe ser aprobada por el Parlamento Vasco antes de que termine la legislatura.  

Como los procesos de tramitación regulatoria son lentos – el debate de la Ley vasca de educación es el debate más trascendente que tiene lugar en esta legislatura – hay cuestiones que no pueden esperar vista la magnitud del desafío: el sistema educativo vasco avanzó hacia la segregación sin que nadie fuese consciente de ello, se tardó en reconocer un tema que llevaba tiempo esperando una respuesta política, y ahora ya no hay tiempo que esperar. Tal y como recogíamos en el informe de Silván&Miracle. Estrategia de Asuntos Públicos, en Euskadi, los estudiantes de origen extranjero se matriculan casi exclusivamente en centros públicos y obtienen peores resultados que los estudiantes nativos.

Si hablamos de desigualdad, el capital social con el que uno cuenta es tan determinante o más que el nivel de ingresos

Para revertir esta situación, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, coincidiendo con el inicio de la matriculación escolar del curso 2023-2024, ha puesto en marcha una medida para distribuir al alumnado de una manera más equitativa entre los diferentes centros y modelos educativos. Pretende, de esta manera, avanzar hacia una mayor diversidad en las aulas, y garantizar la igualdad de oportunidades.

Para conocer mejor las características del alumnado, en el proceso de matriculación escolar, las familias han de rellenar un cuestionario donde se trata de conocer el capital social de los futuros alumnos y alumnas. La medida ha causado asombro por como se han formulado las preguntas: si tienen o no Netflix o si en las estanterías de casa hay tomos de Miguel de Cervantes o enciclopedias. ¿Y si en vez de Netflix, tienes HBO?; o ¿si en vez de tomos de Miguel de Cervantes tienes el último libro de Katixa Agirre?, ¿no vale? Y en tiempos de ChatGPT, ¿quién tiene una enciclopedia en casa?

El error en las preguntas ha hecho que la medida sea considerada como discriminatoria hacia las personas con menos recursos, como si no tuviesen derecho a tener Netflix o si no tener libros de Cervantes fuese algo indigno. Pero detrás se esconde otra verdad incómoda, si hablamos de desigualdad, el capital social con el que uno cuenta es tan determinante o más que el nivel de ingresos.

El capital social se refiere a las relaciones sociales y las relaciones de contactos que una persona tiene en su contexto más cercano, y a qué recursos se tiene acceso en función de esas relaciones sociales, lo que facilita o no su ascenso social. Aunque es difícil evaluarlo a nivel cuantitativo, existen maneras de medirlo en función de la participación o no de una persona en actividades de ocio (visitas a museos, exposiciones, acudir el cine), de la disponibilidad de libros, acceso a internet, número de dispositivos informáticos en el hogar, conectividad, etc (solo hay que recordar la brecha de desigualdad educativa que vivieron muchos niños y niños durante la pandemia porque no tenían wifi o dispositivos informáticos en casa).

La evaluación del capital social de una persona es una cuestión difícil de determinar, pero si queremos avanzar hacia medidas de equidad educativa, saber el nivel de renta es importante, pero avanzar hacia medidas que equiparen el capital social, lo puede ser todavía más. Eso sí, no solo es importante qué preguntamos, sino también cómo lo preguntamos.