El precio justo

“Mr. Bates vs the Post Office”, este es el título de la serie de TV que ha conmocionado a millones de británicos en este comienzo de año. 25 años después de que la Oficina Postal Británica acusara falsamente de robo y fraude contable a casi 4.000 de sus trabajadores, esta ficción de la ITV ha puesto el foco indirectamente en las graves consecuencias que puede tener una contratación pública basada única y exclusivamente en elegir la oferta más barata. Todo comenzó a finales del siglo pasado cuando el “Correos” de Reino Unido contrató un nuevo sistema informático a la empresa japonesa Fujitsu, a pesar de que era una de las peores ofertas valoradas por los técnicos, basándose en que era con creces la más barata.

Este software nunca funcionó bien y tuvo errores de bulto que provocaban un desajuste contable por el que cientos de trabajadores de la compañía fueron acusados injustamente. La condena inicial acabó con el empleo y la reputación de muchos de ellos y, en algunos casos, hasta con su vida, 4 personas se suicidaron. Años después, pudo demostrarse este error pero aún hoy en día, el Gobierno británico no ha compensado a muchos de los damnificados, una compensación que el propio primer ministro ha señalado que puede tener un coste de 520 millones de libras para el erario público. Estoy seguro que esta cifra supera con creces el supuesto dinero ahorrado por la Oficina Postal en la contratación inicial del sistema informático.

El Gobierno británico no ha compensado a muchos de los damnificados, una compensación que el propio primer ministro ha señalado que puede tener un coste de 520 millones de libras

Casos como este, afortunadamente sin consecuencias tan graves, son bastante habituales también en nuestro entorno más cercano. A pesar de que España estrenó en 2017 una nueva Ley de Contratos del Sector Público, nuestro sistema sigue sin corregir en su totalidad los riesgos de una selección de ofertas excesivamente enfocada en la parte económica. Cualquiera que tenga una empresa y participe habitualmente en concursos públicos de las diferentes administraciones se dará
cuenta de hasta qué punto son “rehenes” de unos pliegos que inclinan la balanza descaradamente a favor de los precios en lugar de hacerlo hacia la calidad.

No es de extrañar que nos encontremos con datos como que en 2020, sólo en Cataluña, 1037 licitaciones no tuvieron ningún postor. Tampoco con polémicas como la de los comedores escolares en Euskadi, con propuesta de rescisión de contrato a una empresa por reiteradas denuncias de la mala calidad de su comida, con presencia de larvas o lombrices. Esta entidad ofertaba el menú a 2,51 euros.

No es de extrañar que nos encontremos con datos como que en 2020, sólo en Cataluña, 1037 licitaciones no tuvieron ningún postor.

Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Nuestras administraciones llevan mucho años encorsetadas a la hora de hacer una contratación pública de calidad y eficiente, en la que se tengan en cuenta más parámetros que el económico. Seguimos sin incorporar, de verdad, criterios de sostenibilidad, sin impulsar una compra verde. Pero, sobre todo, creo que desde muchas instituciones se tiene un profundo desconocimiento del coste real de la vida, de los productos y servicios y hay muy poca originalidad a la hora de incorporar mejoras a la oferta, más allá de las bajadas de precio. Las consecuencias son obras sin acabar o con materiales defectuosos, concursos desiertos por falta de licitadores, huelgas de personal por la insuficiencia de sus salarios, etc.

Nuestras administraciones llevan mucho años encorsetadas a la hora de hacer una contratación pública de calidad y eficiente, en la que se tengan en cuenta más parámetros que el económico

Habrán oído ustedes decir muchas veces que lo barato sale caro. En el caso de la contratación pública este dicho popular se hace patente todos los días. Hay un abuso casi indecente del “corta-pega” en los pliegos de condiciones y una falta de concreción sobre los servicios a contratar muy alta. Estas deficiencias se hacen aún más patentes cuando lo que se quiere contratar son servicios de consultoría o estrategia o elementos intangibles, que no se miden por metros lineales. Creo que por el bien de todos, las administraciones deberían abordar de una manera seria y coordinada una reforma de la contratación pública para adaptarla a los nuevos tiempos y para conseguir la máxima rentabilidad del dinero público, que va mucho más allá de obtener una rebaja en una licitación.

Si desde la parte técnica se hace una buena valoración de los servicios u obras a contratar creo que, sin duda alguna, el peso de los puntos a otorgar a una oferta deberían inclinarse con fuerza hacia la calidad de la propuesta técnica y hacia la garantía de que los trabajos se hagan de una manera adecuada. También a que las empresas y sus ofertas cumplan con unas bases mínimas de responsabilidad social empresarial y de compromiso medioambiental y social.

Esperemos que no haga falta que Netflix o cualquiera de las otras plataformas tenga que hacer una serie para mostrar las nefastas consecuencias de una contratación pública mal diseñada y gestionada. Es evidente que las administraciones públicas necesitan a la empresa privada para solucionar muchos de los retos a los que se enfrentan cada día. Su deber es garantizar una concurrencia libre e igualitaria y también seleccionar la mejor oferta posible, esto último no siempre coincide con la más barata. Hagamos también innovación abierta en la contratación pública y dejemos el “low cost” en los proyectos públicos.