El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de órdenes ejecutivas en la Casa Blanca a 9 de abril de 2025 Efe
Donald Trump ha hecho una parte de su fortuna como promotor inmobiliario. Más exactamente, saltándose las normas como promotor inmobiliario. No por casualidad él y sus empresas acumulan alrededor de 4000 casos judiciales. Saltarse la norma es lo que acaba de hacer esta semana al derribar parte de la fachada del ala este de la Casa Blanca.
Dicho anexo no es un edificio precisamente singular y su historia se remonta a hace algo más de medio siglo, poca cosa. Tampoco es inusual que los presidentes remodelen alguna parte del edificio de gobierno más famoso del mundo.
Lo que caracteriza el proyecto de Trump es que se esté ejecutando por las bravas, sin el preceptivo informe de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital. La Casa Blanca es un edificio de los Estados Unidos, en realidad del pueblo de los Estados Unidos, no de Donald Trump.
La única razón que ha exhibido para ejecutar obras ahí de manera irregular es que paga él
Sin embargo, el actual presidente lo considera exactamente igual que si fuera una de sus numerosas propiedades inmobiliarias. La única razón que ha exhibido para ejecutar obras ahí de manera irregular es que paga él. No es exactamente el caso, puesto que pagan las empresas que le han aupado a la presidencia y alguna (Youtube) que así enjuaga una de las numerosas demandas del presidente contra todo el que ose contradecirle.
Una cena, CEO de las grandes empresas tecnológicas (como Google), de inversión (como Blackstone) y de industria militar (como Lockheed Martin) y 250 millones de dólares para el capricho presidencial de una megalómana sala de baile que seguirá el estilo hortera que ya ha dejado en el despacho oval.
Este asunto de las obras del ala este de la Casa Blanca ilustra bien cómo Occidente como concepto ligado a una determinada civilización política está dejando de tener sentido. Trump es un presidente que basa su actuación en tres considerandos: su fortuna personal, su familia y sus seguidores (desde los pelotas de turno hasta los dirigentes de otras latitudes). Con el fin de preservar esas preferencias no duda en actuar de manera ilegal, lo que hace a partir de un cuidadoso proceso que nada tiene de caprichoso o improvisado.
Por un lado, prescinde completamente, como si ya no existiera, de los dictámenes de la oficina específica para asesorar al presidente de la legalidad de sus acciones (la Office of Legal Counsel).
Palm Bondi es la candidata idónea para ideologizar esa oficina y en la que puede confiar plenamente para que jamás levante el más mínimo reparo a las ilegalidades presidenciales
Por otro, ha colocado en la fiscalía general de los estados Unidos a su abogada Palm Bondi, la candidata idónea para ideologizar esa oficina y en la que puede confiar plenamente para que jamás levante el más mínimo reparo a las ilegalidades presidenciales.
Finalmente, Trump, con tres nombramientos en el Tribunal Supremo, sabe, como está ocurriendo, que cualquier decisión contraria a su capricho procedente de jueces federales será reformada en esa última instancia.
Es decir, que el estilo Trump consiste en violar la constitución haciendo ver que todo es perfectamente legal. Tal es el caso de las deportaciones arbitrarias o de las detenciones ilegales, en este caso tanto de inmigrantes, legales o no, como de nacionales, normalmente negros.
El estilo de Trump, ¿no se parece este estilo más al de Lukashenko que al de un presidente de los Estados Unidos?
La gigantesca sala de baile del ala este de la Casa Blanca es un capricho. La ilegalidad de su construcción es un hecho. El convencimiento de Trump de que si paga él (o sus amigos empresarios) puede hacer lo quiera es público. ¿No se parece este estilo más al de Lukashenko que al de un presidente de los Estados Unidos? No hay mucha diferencia entre hacer bajar un avión de pasajeros para detener ilegalmente a un opositor y ordenar a funcionarios públicos la persecución de los enemigos personales del presidente.
Donald Trump está conduciendo a los Estados Unidos a un sistema autocrático, en el que se asegure aplastantes mayorías electorales y en el que tenga un control institucional completo. Es decir, está dejando atrás el estilo occidental de democracia liberal, que en gran medida era precisamente norteamericano, para asimilar su gobierno al de los autócratas de Rusia, China, India o Argentina.
Esta pérdida de los valores propios de Occidente es deletérea para la democracia, pero también lo es para la economía. Al igual que la política y el gobierno de la sociedad, el funcionamiento económico occidental se ha fundamentado en la legalidad. El Estado de derecho no significa solamente la juridicidad de las instituciones públicas, sino también de la actividad económica.
La inseguridad que Trump transmite a la política es paralela a la que contagia a la economía, al menos hasta que solo vayan quedando en juego los allegados al autócrata.
En ese momento ya se habrá rusificado el sistema y ay del que haya quedado fuera de juego: compartirá el destino de los enemigos del rey.
