Mario Draghi presentó en 2024 el significativo Informe Draghi sobre las necesidades económicas de Europa
Durante demasiado tiempo, el debate económico europeo ha estado atrapado entre dos posiciones aparentemente irreconciliables: los que consideran que el Estado debe limitarse a regular, redistribuir y corregir los fallos del mercado, y quienes defienden una presencia de lo público mucho más activa e intensa en la economía.
Quizá haya llegado el momento de superar esa dicotomía pues la verdadera cuestión no debería ser cuánto Estado queremos, sino qué Estado necesitamos para crear prosperidad en un mundo sometido a una competencia económica, tecnológica y geopolítica cada vez más fuerte.
Europa realmente se encuentra ante una encrucijada histórica.
Estados Unidos y China están desarrollando enormes capacidades industriales y tecnológicas para tratar de ser el hegemón del mundo.
Trump y Putin / EFE
Cadenas logísticas
Las cadenas de suministro se han convertido en instrumentos de poder; la inteligencia artificial está transformando sectores enteros de la economía; la transición energética exige inversiones gigantescas; y tecnologías como los semiconductores, la biotecnología, la robótica, la computación cuántica, el espacio o las nuevas tecnologías de defensa, determinarán buena parte de la riqueza y de la autonomía de país y ciudadanos en las próximas décadas.
En este escenario, limitarse a facilitar la creación de empresas y a reducir burocracia es necesario, pero sin duda alguna, manifiestamente insuficiente.
Europa es evidente que necesita algo más ambicioso, un Estado capaz no solamente de administrar la riqueza existente, sino también de involucrarse en contribuir activamente a crear esa nueva riqueza.
El debate que Europa ya ha empezado a afrontar y obviamente no se trata de una cuestión meramente teórica. El debate ha cambiado sustancialmente en los últimos años y seguramente continuará cambiando, a tenor del devenir que se prevé.
El informe presentado por Mario Draghi, en septiembre de 2024, expuso palmariamente una realidad que Europa llevaba demasiado tiempo evitando. Pues es irrefutable que el continente necesita cerrar su brecha de innovación, reducir dependencias estratégicas y realizar un esfuerzo inversor extraordinario para recuperar competitividad. Dicho informe estimó unas necesidades adicionales de inversión del orden de 750.000-800.000 millones de euros anuales.
La Comisión Europea recogió posteriormente buena parte de este diagnóstico en la denominada Brújula de la Competitividad, presentada en enero de 2025. Sus tres grandes prioridades son precisamente cerrar la brecha de innovación, compatibilizar descarbonización y competitividad y reducir dependencias estratégicas.
Los mercados, por sí solos, no tienen siempre incentivos suficientes para financiar determinados proyectos estratégicos
Y, junto a ellas, aparecen elementos tan significativos como la financiación de la competitividad, la simplificación administrativa, las capacidades profesionales y una mayor coordinación entre las políticas europeas y nacionales, algo indudablemente de suma necesidad y de complejidad enorme su correcta puesta en marcha.
Es decir, Europa comienza ahora a reconocer algo obvio y absolutamente fundamental que es que la competitividad no aparece espontáneamente.
Necesita estrategia.
Necesita capital.
Necesita tecnología.
Necesita infraestructuras.
Necesita talento.
Y, sobre todo, necesita una visión formativa adecuada, de largo plazo.
Por lo que hay que pasar del Estado regulador, a un Estado desarrollador necesariamente, cuanto antes.
El concepto de Estado desarrollador, asociado a economistas como el Nobel Joseph Stiglitz y a la experiencia de diversos países que utilizaron activamente las políticas industriales , tecnológicas y creando incluso pymes para acelerar su transformación económica, resulta especialmente interesante en este contexto.
Cabe señalar con rotundidad que no significa regresar al viejo intervencionismo económico, ni convertir a las administraciones en gigantescas empresas que pretendan hacerlo todo.
Inversiones iniciales
Significa asumir que los mercados, por sí solos, no siempre tienen incentivos suficientes para financiar determinados proyectos estratégicos, especialmente cuando requieren enormes inversiones iniciales, presentan elevados riesgos tecnológicos o generan beneficios económicos y sociales que tardan años en poder materializarse.
La investigación científica básica es un ejemplo de ello evidente.
Una empresa puede tener dificultades para justificar una inversión cuyo retorno comercial puede tardar quince o veinte años. Sin embargo, para un país puede resultar irrefutablemente decisivo financiarla.
Lo mismo sucede con determinadas infraestructuras energéticas, redes de transporte, tecnologías estratégicas, capacidades industriales, semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología o determinadas aplicaciones de la tecnología espacial.
El Estado puede asumir una parte del riesgo inicial para que posteriormente el sector privado pueda desarrollar y multiplicar esa inversión.
Ese es el verdadero sentido de un Estado catalizador.
Estados Unidos tampoco ha dejado todo en manos del mercado.
Existe una cierta paradoja en el debate europeo.
Mientras en Europa todavía se discute con frecuencia si la administración debe intervenir demasiado en la economía, las principales potencias económicas llevan décadas utilizando recursos públicos para impulsar tecnologías estratégicas.
Una parte considerable de las grandes transformaciones tecnológicas o no que posteriormente fueron explotadas comercialmente por empresas privadas nació de inversiones públicas, especialmente vinculadas a investigación, defensa, energía, espacio y tecnologías digitales.
La lección no es que el Estado deba sustituir al empresario.
Es exactamente la contraria.
El Estado puede asumir riesgos que permitan posteriormente al empresario desarrollar mercados.
