El Gobierno vasco se empeña en su apuesta por el gas a pesar de que la ley lo desechará en 2050

Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) es una sociedad pública creada por el Gobierno vasco en 1983. Desde entonces, viene explorando el subsuelo vasco y el de las comunidades limítrofes en busca de gas. La idea original era la de obtener fuentes de energía locales para reducir la gran dependencia exterior. En estos cerca de 40 años, Shesa ha obtenido una única concesión de explotación en La Rioja, denominada 'Viura', y le han sido otorgados 16 permisos de investigación. La explotación de 'Viura', de la que tiene el 37,7% de las acciones -está operada en la actualidad junto a Unión Fenosa-, le ha proporcionado metano por valor de 29 millones de euros. Una cifra con la que, de momento, no amortiza los 81,7 millones de euros que esta sociedad ha invertido en la búsqueda de combustibles.

El Parlamento vasco ha rechazado este jueves, con los votos de PNV y PSE, la petición de cierre de Shesa, algo que pedía EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, pues entienden que no es rentable y que no encaja en el actual contexto de transición energética hacia las energías renovables. Más allá del debate político -Elkarrekin Podemos ha declarado públicamente que para apoyar los presupuestos vascos de 2021 el gas debe desaparecer de la agenda del Gobierno-, mantener la operatividad de esta empresa pública en los términos actuales supone alimentar una apuesta por un modelo que podría tener los días contados.

El Gobierno de España está tramitando en las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con él se quiere alcanzar la neutralidad de emisiones antes de 2050. "En coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía", recuerda en este proyecto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Tal vez por eso las miradas en el Parlamento vasco este jueves, y las interpelaciones directas, se dirigieron desde la izquierda al Partido Socialista de Euskadi, que finalmente rechazó el cierre de Shesa, como su socio de Gobierno, el PNV, argumentando que el gas natural debe ser un "elemento de transición hacia un futuro con renovables". "Eliminar el carbón y la energía nuclear implica mantener temporalmente el gas", analizó el parlamentario del PSE Alberto Alonso, quien advirtió que las energías renovables todavía carecen de un "almacenamiento competitivo".

Prospección gasística desarrollada por Shesa en la localidad de Estella. SHESA

Las miradas y las preguntas se dirigieron hacia la bancada socialista porque son ellos los que, junto con Podemos en el Gobierno central, están configurando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y esta ley, se ha marcado como objetivo que, antes de mitad de siglo, "el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable". Esa fecha parece hoy lejana, pero quedan 30 años, siete menos que los 37 que lleva en funcionamiento la sociedad pública que busca gas en el subsuelo vasco con los resultados conocidos.

"La ley nos abre una reflexión sobre el futuro de Shesa"

El PNV ha sido el partido que con mayor ahínco ha defendido y defiende la exploraciones de gas que realiza Shesa, incluido el proyecto en Subijana (Álava). La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, defendió hace unas semanas en el Parlamento que el Gobierno vasco considera el gas como "una energía de transición para llegar al 100% del uso de energías renovables en el año 2050". Pero ve en Subijana un lugar que podría ser "explotable a futuro". En la misma línea que la consejera Tapia, el parlamentario jeltzale Unai Grajales entiende la transición energética como un camino "largo y escarpado" que "no se puede cambiar de un día para otro". Y ha defendido que la exploración de Shesa en el subsuelo alavés es "una suerte" porque "deja en manos públicas la gestión del terreno para hacer la exploración". "Me sorprende que quienes se consideran de izquierdas vengan a decir hoy que hay que cerrar una empresa pública para que las privadas cojan ese lugar", ha señalado este jueves en el Parlamento.

Pero la nueva ley que tramita el Gobierno de España podría frenar los pies a los intereses gasísticos, pues insiste en que el objetivo al finalizar la próxima década, "como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable". "En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%", señala la nueva ley que se tramita en las Cortes. Al ser repreguntado de nuevo, el parlamentario del Partido Socialista  Alberto Alonso hizo referencia a esta cuestión. "Sabemos que esta ley nos abre una reflexión sobre el futuro de la sociedad vasca de hidrocarburos", dijo en referencia a Shesa, cuya principal actividad dejará de tener sentido en el nuevo contexto energético.