El TSJPV fija qué puede hacer el Gobierno vasco desde el domingo en mitad de un caos legal

El contexto en el que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior de Justicia analiza el decreto del Gobierno vasco para después del estado de alarma no puede ser más resbaladizo. El magistrado Ángel Garrido, el mismo juez que anuló el cierre de la hostelería ordenado en enero por Urkullu, es el que emitirá el posicionamiento de la Sala sobre el planteamiento que ha hecho el Gobierno vasco para tratar de mantener las medidas de restricción actuales más allá del domingo, una vez expirado el estado de alarma. El caso es que parece sumamente difícil que la Sala avale la restricción de derechos fundamentales con herramientas como el toque de queda, más todavía conocido el criterio de la Fiscalía del TSJPV que no ve viable esa posición. El lehendakari ya ha señalado que no establecerán nada que no sea respaldado por el Superior de Justicia porque "no podemos arriesgarnos a periodos de indecisión y de incertidumbre con recursos o no recursos que hagan perder la efectividad de las medidas". 

Todas las posiciones jurídicas de expertos y de diferentes tribunales señalan que es harto complicado mantener restricciones que afecten a Derechos Fundamentales sin el respaldo del estado de alarma. El propio juez decano de Bilbao, Ander Uriarte, señalaba que es "complicado" que el Tribunal pueda aceptar medidas que puedan vulnerar derechos fundamentales en una situación de fin del estado de alarma. "Si se declaró para poder restringir unos derechos fundamentales, parece muy complicado que, sin él, se puedan mantener esa restricción general". Pero en Baleares ha saltado la sorpresa con la decisión de su Superior de Justicia de avalar la propuesta del gobierno de las islas. Se empieza a generar ya un caos de sentencias en diferentes términos que hacen todavía más complejo gestionar el decaimiento de un estado de alarma que Pedro Sánchez ha considerado innegociable apoyado en la evolución de la vacunación y en que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para gestionar la nueva situación.

El Decreto de Pedro Sánchez cuestionado por el Supremo

La reclamación de muchas comunidades autónomas para mantener una figura que amparase las restricciones forzó al Gobierno de España ha aprobar un real decreto en el Consejo de Ministros de esta semana que reforzará el papel del Supremo. Se trata de una abreviación de plazos que permitiera a los Gobiernos autonómicos recurrir al Alto Tribunal si los Superiores de Justicia de sus comunidades tumbaban las medidas o generaban interpretaciones diferentes. Una medida que, lejos de clarificar el escenario ha contribuido a complicarlo más. 

El Supremo ha recibido con malestar este movimiento y, a través de un informe jurídico ha señalado importantes lagunas jurídicas. Por un lado ha señalado que se le están atribuyendo competencias que corresponden a los gobiernos y no al poder judicial, además, ha cuestionado el real decreto en sí por presentar un rango muy bajo como herramienta para regular cuestiones que afectarán a Derechos Fundamentales. También ha criticado errores de procedimiento para elevar los recursos desde los Superiores de Justicia hasta al Supremo y, por último, ha señalado la imposibilidad material de analizar las causas en solo cinco días, dando audiencia a todas las partes.